Pregúntense o pregúntenle a cualquiera en la calle, a un estudiante de Derecho o incluso a un abogado veterano qué significa realmente la dignidad humana. Lo más seguro es que reciba un titubeo seguido de un ejemplo: “No, pues, eso es como cuando a uno lo tratan bien…”. O, somos dignos porque venimos de dios. Y ahí está el primer gran nudo. Hemos gastado tanto la palabra de tanto repetirla que terminamos olvidando el peso real que tiene.
En Colombia, la dignidad humana no es un saludo a la bandera metido a la fuerza en la Constitución. Tanto que nuestros constituyentes pudieron haber escogido otro principio fundante, por ejemplo, la vida, la igualdad o la libertad. Es, literalmente, el cimiento de todo. Nuestro artículo primero lo deja claro: este país se fundó sobre el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad. En la práctica, esto significa que el Estado existe para la gente, y no al revés. Significa que el valor de una persona es previo a cualquier gobierno, ley o estrato social.
La dignidad humana está en el sistema penal para recordarnos que hasta el peor de los criminales sigue siendo humano; en las oficinas públicas para que a ningún ciudadano lo traten como un estorbo, y en el mundo laboral para ponerle freno a la explotación.
Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia T-881 de 2002 hace referencia a los ámbitos de la dignidad humana. Dice que tiene tres dimensiones: la primera, la parte relativa a la autonomía individual, o sea, la facultad que tiene el ser humano a autodeterminarse, tomar sus propias decisiones sobre su vida, su destino, sobre sus fines. La segunda, es la parte relativa a lo intangible, hace referencia a aquellas propiedades relacionadas con lo que no se puede tocar ni ver, pero hace parte del ser humano. Por ejemplo, cuando hablamos de la raza humana, de la condición social o económica, etnia, condición sexual. Y, la tercera es la relativa a las condiciones fundamentales y básicas de la existencia humana, como por ejemplo el mínimo vital.
Pero aquí es donde duele Colombia. Somos campeones mundiales en escribir sentencias hermosas y absolutamente miopes para ejecutarlas. Invocamos la dignidad en los tribunales, la debatimos en las aulas y la metemos en los discursos políticos, mientras en la calle normalizamos el hambre, la exclusión, la trampa y la indiferencia ante el dolor ajeno.
Uno de nuestros errores más mezquinos es que seguimos midiendo el valor de la gente por el tamaño de su billetera. Esa obsesión tan nuestra de clasificar a los seres humanos por clases o estratos, como si el dinero dictara cuánta humanidad le corresponde a cada quien, es una bofetada directa al corazón de nuestra Constitución. La dignidad no sube con las acciones de la bolsa ni baja con la pobreza. Nadie vale más por tener más, ni nadie pierde un gramo de su valor humano por nacer sin oportunidades.
Por eso, este principio no puede ser solo un argumento para ganar un pleito judicial; tiene que ser una responsabilidad ética de todos los días. El verdadero examen no es saber citar de memoria la sentencia, sino cómo nos tratamos en la casa, en el transporte público, en la oficina o en la calle. No basta con indignarse en los discursos; hay que actuar con decencia frente al que limpia el piso, frente al jefe y, sobre todo, frente al que piensa completamente distinto a nosotros.
Al final, la dignidad humana es el centro de gravedad de lo que somos como nación. Pero su valor real no se mide por lo bien que suena al leer la Constitución, sino por cómo se vive en la realidad de la gente común. No se declama: se ejerce. No se asume de palabra: se demuestra en los hechos. Su trinchera está en la esquina, en el trato diario, en el respeto por el débil y por el diferente.
