Las Juntas de Acción Comunal de 16 veredas de Palmor, en la Sierra Nevada, emitieron un pronunciamiento en el que denuncian abandono estatal, rechazan las pretensiones de una demanda de restitución territorial y solicitan a las autoridades garantizar los mismos derechos para las familias campesinas.
Las Juntas de Acción Comunal (JAC) y representantes de la comunidad campesina cafetera del corregimiento de Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta, hicieron público un pronunciamiento en el que expresan su preocupación por el proceso de restitución de derechos territoriales promovido en favor de asentamientos del pueblo kogui y piden al Estado garantizar igualdad de trato para las familias campesinas que habitan la zona desde hace varias décadas.
En el comunicado, suscrito por voceros de 16 veredas, la comunidad manifestó sentirse "cansada de las mentiras" y del abandono institucional, asegurando que durante años han construido el territorio con sus propios esfuerzos.
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Los líderes sostienen que las familias cafeteras han permanecido en Palmor por generaciones, desarrollando actividades agrícolas y contribuyendo al desarrollo del corregimiento. Por ello, rechazan cualquier decisión que, según afirman, pueda afectar su permanencia en las tierras que ocupan.
Denuncian abandono estatal
Durante el pronunciamiento, los campesinos aseguraron que Palmor ha permanecido históricamente sin una presencia efectiva del Estado.
Entre las principales necesidades mencionadas se encuentran la falta de vías en buen estado, acueducto, un puesto de salud debidamente dotado y programas de titulación de predios.
Asimismo, cuestionaron la ejecución de proyectos de infraestructura y aseguraron que varias inversiones anunciadas para la región no se han materializado.
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Piden igualdad frente al proceso de restitución
Uno de los puntos centrales del comunicado es la solicitud de que las familias cafeteras reciban las mismas garantías que reclaman las comunidades indígenas dentro del proceso judicial de restitución territorial.
Según las JAC, los campesinos también tienen derecho a la protección de sus predios, al reconocimiento de su arraigo histórico y a acceder a programas de vivienda, salud, educación, proyectos productivos y seguridad jurídica sobre la tierra.
Los voceros señalaron que las familias poseen títulos, cartas de compraventa, documentos de falsa tradición y pagan impuestos sobre los predios que ocupan.
Solicitan investigaciones
En el documento, la comunidad también pidió a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación investigar las actuaciones de funcionarios de diferentes entidades públicas que, según denuncian, habrían afectado a las familias campesinas por acción u omisión.
Igualmente, solicitaron que se evalúen los perjuicios económicos y sociales que, aseguran, ha generado el proceso jurídico para los habitantes de Palmor.
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"Respeten el campo"
Como mensaje final, las Juntas de Acción Comunal hicieron un llamado al Gobierno nacional, departamental y municipal para que atiendan las necesidades históricas del corregimiento y garanticen los derechos de las comunidades campesinas.
"Respeten el campo. Exigimos igualdad ante la ley", concluye el pronunciamiento.
Este medio precisa que las afirmaciones relacionadas con presuntas omisiones institucionales, detrimento patrimonial, actuaciones de funcionarios públicos y el proceso de restitución territorial corresponden a las denuncias y posiciones expresadas por las Juntas de Acción Comunal y la comunidad campesina de Palmor. Dichos señalamientos deberán ser establecidos por las autoridades competentes y las entidades mencionadas cuentan con el derecho a la réplica y al debido proceso.
