Pocos pueden ejercer desde un principio el oficio de gobernar con un control de verdad plausible de todo lo que ello implica. Al comienzo de su ejercicio, cada gobernante debe afrontar súbitamente las tareas de armar un equipo, más allá del gabinete, atender y responder por asuntos que ignoraba, orientar el desarrollo de su programa, maniobrar en los mares agitados de la vida internacional, resolver problemas imprevistos, mantener una imagen de liderazgo y capotear las embestidas de la prensa y de variados focos de oposición. Encima de todo, no le queda fácil controlar de una vez el comportamiento funcionarios de cuya lealtad y eficiencia viene a depender el éxito de un gobierno en momentos cruciales.
La legendaria tradición de existencia de un “Gabinete en la Sombra” les ha permitido a los británicos pasar del gobierno de un partido al de otro sin mayores estridencias. No otra cosa puede esperarse del hecho de que quienes ocupaban carteras en la penumbra pasan a ocupar las diferentes carteras ministeriales con conocimiento previo y detallado de la situación y la trayectoria reciente y remota de cada una.
No obstante, como la vida política es en todas partes agitada y protagonizada por gente con emociones, los gobiernos británicos no escapan de crisis derivadas del comportamiento anómalo de personajes que terminan por contaminar las aguas limpias de cualquier gestión iniciada con las mejores intenciones. Razón por la cual existe allí, en la cultura política, una tradición de exigencia y rigor orientada a que los transgresores no puedan salirse con la suya, y que los gobernantes respondan aún por asuntos que en otras partes serían considerados triviales.
Sir Keir Starmer, el primer ministro, que ha dado hacia afuera muestras de carácter al resistir de manera estoica los embates de la Casa Blanca para que su país se sume a la guerra contra Irán, como si los británicos tuviesen obligación de obedecer los conocidos y cambiantes caprichos de Donald Trump, no tiene en el paisaje político de su país una imagen lo mismo de sólida.
La permanencia misma de Starmer en el poder se ha visto amenazada por las incidencias del nombramiento y caída de Lord Peter Mandelson como embajador en los Estados Unidos. Todo se remonta a la designación de Mandelson en esa embajada en diciembre de 2024 y la asunción del cargo en febrero de 2025. Al parecer el gobierno tenía prisa de contar con su presencia en Washington cuando el primer ministro buscaba, como tantos otros en ese momento, ocupar un lugar importante en el “ranking” de líderes tenidos en cuenta por un presidente americano que los puso a competir por ser objeto de su aprobación.
Como el diablo está en los detalles, la premura de 10 Downing Street por tener un embajador adecuado a las nuevas circunstancias condujo a que el proceso de verificación de seguridad requerido para que alguien asuma un cargo con acceso a información reservada no se hubiera completado a tiempo. De manera que, cuando el documento estuvo listo, no mereció la atención de altos funcionarios y aparentemente no fue puesto en conocimiento de miembros del gabinete y mucho menos del primer ministro.
El flamante embajador vino a ser destituido en septiembre de 2025, cuando se hizo pública su estrecha amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein. Momento en el cual el primer ministro fue cuestionado por la idoneidad de su criterio al haber ignorado avisos sobre los peligros de designarlo para ese oficio. Apodado “El Príncipe de la Oscuridad” en el argot de la vida política británica, Mandelson era conocido no solamente por el mérito de haber sido el autor del regreso del laborismo al poder con Tony Blair, sino por haber sido destituido del gabinete ministerial en dos ocasiones por motivos de corrupción. Pese a lo cual Starmer decidió enviarlo a Washington seguramente por “entrador”, bien conectado, sibilino y multipropósito, en lugar de un frío profesional de la carrera diplomática.
Las aguas parecían haberse aquietado hasta que ahora se vino a saber del concepto negativo del “Security Vetting”, era desconocido para el primer ministro, que no había vacilado en afirmar ante el parlamento que en el caso de Mandelson se habían cumplido todos los requisitos para su nombramiento. Situación que ha dejado a Sir Keir Starmer en la difícil posición de sospecha de haber ocultado la verdad al parlamento, falta castigada según el Código Ministerial con la salida del cargo.
Son tan altas las exigencias hacia los gobernantes en países como ese, que Starmer se ha visto obligado a defender su puesto dando todo tipo de explicaciones sobre la relación de su gobierno con los funcionarios profesionales del servicio civil, encargados de asuntos de los que, según dice, no le dieron cuenta. Motivo por el cual despidió de manera fulminante a Sir Olly Robbins, el más alto funcionario profesional de carrera del ministerio de exteriores, por no haber informado oportunamente del resultado de la verificación sobre Mandelson.
Una de las garantías de que el engranaje entre lo político y lo institucional funcione de manera adecuada radica en la existencia de un servicio civil preparado, entrenado, profesional, imparcial y al tiempo responsable no solo en su apoyo imparcial al gobierno de turno sino al sostenimiento de la armazón del Estado y el funcionamiento adecuado de la acción administrativa al servicio del desarrollo del proyecto político que haya recibido el mandato popular para gobernar.
De ahí que la gravedad de la crisis actual del gobierno británico vaya más allá del asunto Mandelson y del destino de un primer ministro que en el ámbito interno trata de cumplir sus promesas y en el exterior participa en la definición de un nuevo esquema de defensa de Europa, ante el aislamiento y las paradójicas exigencias de sumisión al ritmo errático y desordenado de la Casa Blanca.
La forma como evolucione en la Gran Bretaña la relación entre gobierno y servicio civil está bajo la mirada de todos los interesados en la profesionalización razonable de la función pública. Por ahora, la salida súbita de Sir Olly Robbins ha desatado una preocupante ola de desánimo y desconfianza de parte de los servidores profesionales del Estado, que han sido por décadas garantía de la búsqueda permanente de un buen gobierno, a pesar de los altibajos y desatinos de la clase política. De la idoneidad de los ajustes que hagan para sanear las relaciones de los gobiernos con el funcionariado profesional depende, en gran medida, el futuro de un sistema de administración de lo público que a cada rato tiene oportunidad de refrendar sus credenciales al servicio de la democracia.
Columna de Opinión
e-mail: eduardo.barajas@urosario.edu.co