Medellín.- Por fin la Corte Suprema de Justicia entendió que los colombianos estamos hartos con sus irresponsables actos de politiquería a la hora de ejercer las extrañas funciones electorales que le atribuye la Carta Política, funciones que han arruinado todavía más su decadente prestigio que, al igual que todo el sistema de justicia, ha tocado fondo y de ello habla claramente un estudio de la ONU que lo sitúa en el puesto 157 entre 170 países examinados, poniendo al desnudo el alto grado catastrófico en que se encuentra la justicia nacional.
La elección del Fiscal General en la persona de Eduardo Montealegre es como una luz en el fondo del túnel. Primero, por la prontitud con que obró la Corte y segundo, por las excelsas calidades personales y profesionales del elegido, que contrastan, y de qué manera impresionante, con la mediocre figurilla del redomado burócrata Mario Iguarán, un narrador de fútbol venido a más, y con la cuestionada en varios flancos Viviane Morales, una mandadera de la politiquería que encarnan personajes de tan dudosa ortografía, como cierto expresidente y algunos jefes de la mamertocracia criolla.
Nadie pide que la Fiscalía General sea una agencia de la impunidad, pero si se le exige que obre con independencia de la política sectaria, con honestidad y celeridad, en fin, que recobre el decoro perdido alejando de si el cáliz de la justicia espectáculo y de las medidas de aseguramiento a porrillo, garante como debe ser de la libertad de las personas, de la presunción de inocencia y del debido proceso.
Más allá de los casos más sonados como el carrusel de la contratación en el Distrito Capital, la parapolítica, etc., el fiscal Montealegre debería ponerse a adelantar un vigoroso plan de descongestión, comenzando por remover esas montañas de papel en búsqueda de lo inocuo, pendejo y baladí y darle el entierro de pobre que merece. Recuerdo que cuando desempeñé la Dirección de Fiscalía de Antioquia adelantamos un proceso de descongestión arduo y, gracias al compromiso entusiasta de un puñado de funcionarios y empleados, en un año logramos ponerle el punto necesario a 52.000 expedientes mal contados, sin más estímulos que palmaditas en los hombros. Para algunos aquello fue una proeza y nadie recibió la Cruz de Boyacá. Para nosotros representó el mondo y lirondo cumplimiento del deber para con la sociedad. ¡Cuando se quiere se puede!
Preocupante también el estado del sistema de Justicia y Paz, con cerca de 3.000 investigaciones estancadas a unos costos altísimos para el erario y con desperdicio de recurso humano, diría que ruinosos si le hiciésemos la cuenta del costo/beneficio. En todo el tiempo solo 7 sentencias dijo la Fiscal saliente y otra, María Isabel Rueda, dice que 5 no más, en todo caso unos resultados ridículos. Esos tres mil casos requieren prontas resoluciones de la naturaleza que fueren, que absuelvan o condenen pero con prontitud o los encartados podrían pudrirse en las cárceles.
Otro asunto bien delicado tiene que ver con la falta de consecuencias en el tema de las extinciones de dominio. No hay resultados y la Unidad a cargo requiere de una intervención a fondo por parte del Fiscal General para una de dos: para que esos bienes regresen prontamente a sus legítimos dueños y las demandas por perjuicios no acrezcan, o para que el Estado se haga al pleno dominio sobre ellos y los enajene.
Los retos que tiene ante sí el fiscal Montealegre son mayúsculos, pero ese hombre tiene genio y figura para asumirlos y llegar a soluciones.
Tiro al aire: estoy consternado. En Girardota, un niño de quince años le impregnó alcohol a su hermanito de siete y le prendió candela. Siento un dolor ajeno muy intenso.