La promesa era clara, este sería el gobierno del cambio, el que pondría a Colombia a “vivir sabroso”, el que traería paz, justicia social y prosperidad. Pero la realidad nos golpea como un pitcheo de Pedro Martínez a la costilla, fuerte, doloroso y directo. En seguridad, empleo, educación y relaciones internacionales, el país no solo no avanza, sino que retrocede como el cangrejo.
La violencia en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, y no lo digo yo, lo dicen los informes de El Espectador y El Tiempo, lo dicen los líderes sociales asesinados, lo dicen las comunidades sometidas al terror del crimen organizado. Según datos recientes, los homicidios han aumentado en varias regiones, el control territorial de los grupos ilegales se ha expandido y el Estado, en su infinita tibieza, parece más preocupado por pelear con la prensa que por proteger a sus ciudadanos.
En el Caribe, las tres perlas están cerca a convertirse más bien en los tres plomazos, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena de Indias están viviendo una ola de delincuencia y asesinatos aterradora.
El gobierno de la “paz total” terminó siendo una paz de cementerios. Los mismos funcionarios que hace unos meses nos vendían el cuento de la reconciliación ahora reconocen que la cosa está peor que antes. La seguridad urbana se ha deteriorado a tal punto que Medellín, Bogotá y Cali parecen haber regresado a los días más oscuros de los 90. Buenaventura, que había logrado avances en la reducción de la violencia, ahora es nuevamente un infierno en la tierra tras la ruptura de la tregua entre Los Shottas y Los Espartanos. ¿Y el gobierno? Atónito, sin estrategia y con una brújula más perdida que turista en Bosconia.
¿Y qué decir del Catatumbo? Para hablar de lo que allí ocurre haría falta más tinta y papel del que esta columna aguanta. Una región donde el Estado es un fantasma, la violencia es el pan de cada día y el narcotráfico manda con la misma autoridad que un gobierno paralelo. Mientras las comunidades quedan atrapadas entre balas y promesas vacías, el discurso oficial sigue vendiendo humo, como si con palabras bastara para apagar el incendio.
Si la seguridad es un desastre, el empleo y la educación no se quedan atrás. El empleo formal se está desplomando y la informalidad sigue aumentando. La gente sobrevive vendiendo postres y haciendo mototaxi, mientras el gobierno juega a la revolución con discursos grandilocuentes pero vacíos. El acceso a la educación de calidad sigue siendo un privilegio y no un derecho real, con universidades públicas en crisis y una inversión paupérrima en formación técnica y tecnológica.
Mientras tanto, el discurso oficial se mantiene en la narrativa de que el problema es “heredado” o culpa de los medios. ¿Hasta cuándo? En algún momento hay que asumir responsabilidades y aceptar que la gestión está fallando en los temas fundamentales.
Colombia solía ser un actor relevante en la región, pero ahora nos encontramos en una posición diplomática tambaleante. La ruptura de relaciones con Israel, los roces con Estados Unidos y la cercanía con regímenes autoritarios han generado incertidumbre en el ámbito internacional. En lugar de consolidarnos como un país atractivo para la inversión y el desarrollo, nos estamos aislando a pasos agigantados.
El problema no es solo que el gobierno haya fracasado en cumplir sus promesas, sino que el retroceso en seguridad, empleo y relaciones exteriores nos está costando vidas, oportunidades y desarrollo. Mientras nos siguen vendiendo la fantasía del cambio, la realidad es que vamos en caída libre.
Quizá ha llegado el momento de que aquellos que nos prometieron “vivir sabroso” admitan que la fiesta terminó y que lo que queda es un guayabo institucional de proporciones históricas. O, al menos, que dejen de culpar a los gobiernos anteriores y empiecen a gobernar de verdad.
