Escrito por:
José Lafaurie Rivera
Columnista Invitado
e-mail: jflafaurie@yahoo.com
Twitter: @jflafaurie
Entre Ipiales y Tulcán solo hay un paso, pero no me refiero a esa cercanía, sino a la cercanía al caos que hoy vive ese país, pues padecemos los mismos síntomas producto de las mismas enfermedades.
Al problema de una justicia con altos niveles de impunidad se suma el de las cárceles bajo el dominio de grupos criminales y epicentros de la delincuencia, un síntoma de una enfermedad también crónica en Colombia: un sistema penitenciario sobrepoblado y permeado por la corrupción, en el que resocialización y “alta seguridad” son un chiste. El detonante en Ecuador fue la fuga, en apenas tres días, de dos peligrosos criminales.
No son problemas sin causa. En 2017, Correa, antes de dejar la presidencia indultó a 3.000 personas convictas por narcotráfico; y en 2018, Santos nos dejó un Acuerdo espurio con las Farc, con impunidad para todo tipo de delitos, y lo más grave: 300.000 hectáreas de coca.
Así llegamos al mal de males en ambos países: El narcotráfico y su poder corruptor para suplantar al Estado, generar violencia y desestabilizar un país al amaño de sus intereses.
La fumigación, que llevó los cultivos a niveles mínimos al final del gobierno Uribe, se movió en la frontera con Venezuela al ritmo de las fricciones con Chávez. Sin embargo, en 2007, Correa llega al poder y los dos socialistas del Siglo XXI hacen causa común contra la fumigación en Colombia, con demanda ecuatoriana ante la Corte de La Haya y amenaza de Correa de derribar aviones de fumigación. Por esas dos fronteras resucitó el narcotráfico, que hoy es poder efectivo, tanto en la nororiental en Catatumbo, y la suroccidental en Putumayo, Nariño y Cauca, una peste que se expandió con la suspensión total de fumigaciones en 2015, bajo la presión de las Farc en las negociaciones.
Hoy asistimos a dos agravantes en ambos países: el desdoblamiento de las mafias en cientos de bandas criminales de enorme impacto desestabilizador en las ciudades a partir del microtráfico, y la presencia comprobada de las violentas mafias mexicanas.
En Colombia 400 municipios están bajo control territorial de grupos criminales que protegen sus rentas ilícitas. De 48.000 hectáreas de coca pasamos a 300.000, y la productividad aumentó de dos a cinco cosechas anuales. La mayor producción, sumada a la competencia de las drogas sintéticas, generó una caída pronunciada de las exportaciones.
Estamos inundados de coca en los campos y de cocaína en ciudades y pueblos, lo que ha multiplicado los “emprendimientos criminales” y sus luchas, disparando una violencia anárquica y diferenciada a nivel regional, según los actores violentos en cada territorio.
Podemos estar a un paso de la desestabilización que hoy sufre Ecuador. La respuesta del presidente Noboa es la correcta: la restauración del orden a partir de la seguridad y el imperio de la ley… Ese es el camino: el orden como condición para la libertad; lemas de nuestro escudo.