El 5 de noviembre de 2022 la prensa internacional destacó el acontecimiento en primera plana con este titular: “la bandera cambió de manos y Barranquilla tomó el relevo como la próxima anfitriona” de la XX versión de los juegos panamericanos en 2027. La Ministra del Deporte Astrid Rodríguez y el Alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo recibieron el pabellón en ceremonia especial en Santiago de Chile.
Daba cuenta, además, el despacho de prensa que la Soberana del Carnaval, Melissa Cure, encabezó la delegación de Colombia para este fausto acontecimiento, protagonizando “un espectáculo que hizo vibrar a todos los presentes con la magia del Carnaval”. El Alcalde tomó en serio el compromiso y procedió a instalar inmediatamente el Comité organizador.
De pronto, sin vísperas, el Presidente de Panam Sports Neven Llic, que es la entidad que supervisa estos juegos envió una misiva, que se convirtió en piedra de escándalo, al Alcalde de Barranquilla y al Presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC) Ciro Solano, en la cual les notifica, de forma tajante que “debido al incumplimiento de los requisitos establecidos” por la misma en una misiva anterior calendada en el mes de octubre pasado “se anula automáticamente la extensión de tiempo proporcionada para subsanar los incumplimientos del contrato de Ciudad Sede” y en consecuencia había tomado “la determinación indeclinable, de retirar el derecho de ser la ciudad sede de la cita continental en 2027”.
¿A qué se refiere el presidente de Panam Sports? Ni más ni menos que al cubrimiento de la obligación contraída contractualmente de consignarle a esta entidad US $4 millones de dólares, por concepto de “derecho de organización” de los Panamericanos. Ello llevó al Comité ejecutivo de Panam Sports a sacarle la tarjeta roja rescindiendo el contrato firmado por las partes.
La patidifusa ministra de Deportes, Astrid Rodríguez, reaccionó declarándose sorprendida por semejante dislate endosándole su responsabilidad a Panam Sports, aduciendo un supuesto acuerdo “de entregar el pago de US $8 millones durante el mes de enero de 2024, en tanto que existía una dificultad de hacerlo en 2023 por un tema presupuestal”, alegando además su propia culpa de que “en el pago de diciembre tuvimos una dificultad en el PAC”. Esto es inaudito!
Una vez más se pone de manifiesto el asfixiante y detestable centralismo en este país, en el cual, a despecho de la autonomía territorial consagrada en la Constitución Política, las decisiones sobre los proyectos de mayor envergadura y de mayor importancia para las regiones, como ha sucedido con el dragado y la recuperación de la navegabilidad del Río grande del Magdalena y ahora con los Juegos panamericanos, tienen que pasar inexorablemente por las horcas caudinas de la remolona burocracia capitalina, desde donde, con desdén por su suerte, al mejor estilo de los emperadores romanos cuyo dedo pulgar hacia abajo sentenciaba, con su sólo gesto, a muerte a los gladiadores, en nuestro caso así es como se define la viabilidad de los proyectos.