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Un gobierno y un país a la deriva

Columnas de Opinión
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Escrito por:

MARIO GONZÁLEZ VARGAS

MARIO GONZÁLEZ VARGAS

Columna: Opinión

E-mail: magonzavar@yahoo.com


La condescendencia con la que sectores de opinión han tolerado las erráticas acciones del presidente Petro ha facilitado la continua y persistente tarea de deconstrucción social y política con la que pretende asegurar su indefinida permanencia en el poder. Todavía hay quienes lo demeritan, creyendo que el sátrapa en ciernes “no tiene ideas sino ocurrencias”, o que padece de trastornos mentales y, por ello, estarían dispuestos a concurrir nuevamente a un dialogo nacional, que no tiene más objetivos que el de permitirle la demolición de la institucionalidad y su sustitución por otra arquitectura que constituya la más radical expresión de su añejo y fracasado credo ideológico.

La historia contemporánea de Colombia no registra un escenario como el que padecemos de un gobierno convocando a la destrucción de la institucionalidad democrática y simultáneamente apelando a la solidaridad de los que se suponían sus defensores. Libre de esos obstáculos no necesita expresar voluntad de concertación, sino apresurar el derrumbe de los valores y de las formas que sostienen al régimen odiado, sin importarle las concesiones transitorias a las que se vea obligado, ni los padecimientos que provocarán en la sociedad colombiana, que son apenas meras exigencias de “la deconstrucción creativa”.

Ello explica su indiferencia con las crisis que se acumulan y su insistencia en una paz total que aporte los sustentos de los que aún carece para dar forma a la institucionalidad que procura levantar. Hoy, procede con el desfinanciamiento de las tres mayores EPS para activar una crisis sanitaria que cobrará millones de desamparados, que no resolverá con médicos ambulantes, ni con un sistema hospitalario público pobre y huérfano de tecnologías avanzadas.

Se dispone a perdonar a miles de delincuentes, bajo el manto de insurgentes políticos, así sean solamente asesinos perversos, porque considera irrelevante si tienen o carecen de carácter político para negociar con ellos. “El objetivo es hacer creíble el artículo 22 de la CN, en particular para los excluidos sometidos a dinámicas armadas”, como lo dijo sin sonrojarse el Comisionado de Paz en la Corte Constitucional. "Estas categorías jurídicas, político o no político, no pueden volverse un obstáculo para lograr ese anhelo de la pacificación", sentenció el ministro Osuna.  Las consecuencias no se hicieron esperar con la amenaza sistemática a la vida de los opositores que en nada conmueve a quien corresponde garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos.     

El gobierno afina sus metas y sus métodos. Desdeña a gobernadores y alcaldes en la defensa de sus comunidades, y poco se inquieta con los bloqueos de carreteras por todo el país que amenazan la seguridad alimentaria y empobrecen a la ciudadanía y a los sectores productivos. Distante se muestra con la seguridad en el proceso electoral. El bien común le es ajeno porque asume como redención la estatización de toda actividad en la nación. Cartilla vieja conocida, como también lo son sus estragos sociales y la entronización de castas gobernantes que se quieren eternizar.

Las intervenciones de los magistrados en la reciente sesión de la Corte Constitucional sobre la paz total ojalá se confirmen en las sentencias, como prueba de la solidez de nuestras instituciones democráticas.