Podemos decir que, durante este año, el primero de cuatro de la administración Petro, el sector minero - energético ha estado al garete, sin rumbo fijo, arrojando un pobre balance. La mejor prueba de ello es que a estas alturas, no obstante que su mayor apuesta es la Transición energética justa, no se cuenta con su hoja de ruta.
De hecho, no se ha avanzado en la concreción de los 2.400 MW en los proyectos de los parques eólicos asignados en subastas en 2019-2020, por falta de diligencia del gobierno nacional para remover los obstáculos que lo han impedido. Palabras, solo palabras. Como lo hemos afirmado, se ha venido acelerando en neutro la tal transición energética justa.
Ello explica el retroceso que ha llevado a Colombia a rezagarse: según el último reporte del Foro Económico Mundial (FEM) Colombia perdió 10 posiciones en el Índice de desempeño de la transición energética entre 2021 y 2023, pasando del puesto 29 al 39 y después de secundar a Chile, que era el líder en Latinoamérica, Colombia ahora está de sexto.
Y, para rematar, con lo dispuesto en el Decreto 1276, expedido al amparo de la Emergencia económica y social declarada por el presidente Petro, se da al traste con la seguridad jurídica que debe inspirar a la política pública al liberar a los generadores de energía eólicos, cuyos proyectos están atascados en La Guajira, de sus obligaciones para con los comercializadores de energía, rompiendo de facto la relación contractual entre unos y otros, terciando en favor de los primeros y en detrimento de los segundos, que se verán precisados a salir a comprar la energía en Bolsa, en momentos en los que los precios están disparados a consecuencia del Niño. Y los usuarios finales serán los que pagarán los platos rotos, ya que esos mayores precios se traducirán al final del día en más altas tarifas en las facturas.
Con terquedad aragonesa la saliente ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se negó sistemáticamente a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Para justificar su obstinación, a finales del año pasado prefabricó, a través de la ANH, un supuesto balance de reservas en el cual sumando peras con manzanas, para ratificarse en su posición de que con los ya firmados bastaba y sobraba para espantar el fantasma de la importación de petróleo y gas.
Pero, del borrador de la Hoja de ruta de la Transición energética justa y sus proyecciones de la reducción de las reservas y el aumento previsto de la demanda se infiere como corolario que Colombia estará importando gas en el 2026 y petróleo en el 2028 (¡!).
Situaciones tan críticas como el alza inusitada de las tarifas de energía especialmente en la región Caribe, han mostrado un Ministerio errático, pasando de la amenaza de asumir las funciones de la Creg y ahora que la controla no sabe qué hacer con ella.
El rimbombante anuncio de la ministra Irene de un “Pacto por la justicia tarifaria” dizque para rebajarlas dejó un sinsabor a los defraudados usuarios porque desde entonces sólo han visto subir las tarifas y el costo de sus facturas.