En los Gobiernos del “Cambio” en Santa Marta, las cosas son a las malas

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Escrito por:

Edgard Hernandez Murcia

Edgard Hernandez Murcia

Columna: Opinión

e-mail: edgarjafethm@gmail.com

No es extraño al ejercicio de la función pública que con mucha frecuencia se deba acudir a acciones de tutela, incidentes de desacato, quejas disciplinarias para lograr que servidores públicos en distintos ámbitos concurran al cumplimiento de sus funciones. Las alcaldías y sus alcaldes lógicamente no son la excepción.

Sin embargo, podría pensarse de forma inocente que un modelo de gobierno como el que completará 12 años en la ciudad y 4 en el Departamento que, además se caracteriza por un incendiario discurso en contra de las clases políticas tradicionales, un modelo de gobierno que dice recoger, según ellos el ideario de lo alternativo, el ideario de los pobres, de los más vulnerables, sea el Gobierno donde las poblaciones vulnerables tenga prioridad. Sin embargo, parece que para Santa Marta y Fuerza Ciudadana esa no es la regla, la población en discapacidad del Distrito está abandonada.

Y no está abandonada recientemente, cuando era estudiante de derecho en la Universidad del Magdalena y era el año 2013, tuve un caso en el consultorio jurídico, allí pudimos evidenciar que estudiantes con necesidades educativas especiales del Colegio Liceo el Saber (IED Distrital) no contaban con intérpretes de lenguaje de seña, tutela y desacatos en varias oportunidades en contra del hoy Gobernador, fueron necesarios para lograr que cumplieran a medias.

Adicionalmente, la política pública para atender a población discapacitada en especial con TEA, en el Gobierno del "Cambio" que lidera Carlos Caicedo aún no existe, ellos dicen representar a los más necesitados, pero ignoran de forma burda sus obligaciones legales frente a la población en discapacidad.

Una muestra de lo que se afirma es que, desde el año 2020 es obligatorio para el distrito de Santa Marta, el certificar a población con discapacidad para que esta pueda acceder a beneficios legales. A la fecha 3 años después de la exigencia legal, exhiben con cínico orgullo 54 certificados, en contraste con la ineficacia de la Alcaldía de esta ciudad, existen municipios como Riohacha, Barranquilla y Valledupar han certificado a miles.

La alcaldesa y su secretario de salud exhiben con orgullo los 54 certificados, pero omiten informar que esas certificaciones son resultado de acciones de tutelas e incidentes de desacato que han terminado en arresto y multa. No son gestión, la obligaron judicialmente, el tal cambio no existe.

Y como con el gobierno del cambio las cosas son a las malas, el día miércoles 25 de mayo del 2023, se conoció el fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Magdalena, quien en el trámite de una acción de cumplimiento determinó que la Alcaldía de Santa Marta, la Alcaldía del cambio, ha incumplido de forma sistemática con sus obligaciones legales.

El tribunal administrativo del Magdalena bajo Radicado 2023-0045 ordenó que, en el plazo de dos meses, la alcaldesa deberá dar cumplimiento efectivo a la Resolución No 1239 de 2022. Sera que también tocará hacer respetar la decisión del Tribunal Administrativo a las malas?