Frente al alza desmesurada de las tarifas de energía, ya es tiempo de que pasemos de la protesta a las propuestas. Me atrevo a plantear algunas para su discusión y discernimiento:
Primero, titularizar los recursos esperados en los próximos cinco años, del Fondenergía, creado por la Ley 2099 de 2021, que pueden superar los $280.000 millones al año, aproximadamente, constituir un capital autónomo con esos recursos y con ellos financiar programas de formalización que contribuyan a la reducción del fraude y el no pago de la factura de energía.
Obviamente, su implementación se haría con el apoyo y acompañamiento de gobernadores y alcaldes.
Otra fuente de financiación de este programa está en los recursos que por $14.8 billones, que tomó el Gobierno Nacional para financiar el Fondo de emergencia durante la pandemia del Sistema de Regalías y que deberá reintegrar a las regiones. Huelga decir que las inversiones que se hagan con estos recursos no irían a la tarifa que paga el usuario final.
Segundo, a medida que mejore el recaudo y la calidad de la cartera, gracias a las acciones anteriores, ello se debe reflejar en una baja en las tarifas en lugar de ir a mejorar el P&G de las empresas prestadoras del servicio.
Tercero, debería emprenderse ya, sin tardanza, un Plan de choque, que comprometa al gobierno nacional, a los departamentales y municipales, para la instalación de paneles solares en los techos de las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, con lo cual se podrá reducir el valor de sus facturas de energía en un 30%, aproximadamente.
Cuarto, el Congreso de la República debería revisar y reajustar los kilovatios correspondientes al consumo de subsistencia, que sirve de base para la asignación del subsidio al consumo, subvencionado via presupuesto nacional, dado que lo que se reconoce actualmente (173 KWH) no consulta la realidad de la región Caribe, cuyas condiciones climáticas obligan a los usuarios a un mayor consumo de energía.
Finalmente, un aspecto primordial que debe contemplarse en estos ajustes que deberán hacerse es el que tiene que ver con el cargo por restricciones contemplado en la fórmula tarifaria, toda vez que, después del indexador y de las pérdidas reconocidas, en el caso de la región Caribe, es el otro factor que viene presionando el alza de las tarifas de energía. Como es bien sabido las restricciones son causadas por atrasos en la ejecución de los proyectos, ya sea de generación o de transmisión. Deberían asumirlas los responsables de las mismas y no los usuarios.
Como se recordará, la Resolución Creg 035 de 1995 dejó establecido que el costo total de las restricciones la asumieran por partes iguales los generadores y los comercializadores. Pero, posteriormente, mediante la Resolución 063 del 2000, modificatoria de la anterior, le cargó la totalidad de las restricciones a los comercializadores y por ende a los usuarios que desde entonces la vienen asumiendo íntegramente como uno de los componentes de la fórmula tarifaria. De manera que está en manos de la Creg su desmonte.