La guerra del Estado contra las víctimas de la violencia política

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Juan Galán Pachón

Juan Galán Pachón

Columna: Opinión

e-mail: prensa@juanmanuelgalan.com

Para que la democracia colombiana no caiga al abismo, deben combatirse las fallas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró probadas en el caso Integrantes y militantes de la Unión Patriótica versus Colombia. Según explicamos en la columna pasada, el exterminio de ese partido solo fue posible porque —primero— se acribilló a los denominados «enemigos internos» brutal y corporalmente, para —luego— consumar la liquidación mediante la cancelación de la personería jurídica.

En otras palabras, las autoridades electorales se esforzaron en truncar la acción política del partido a través del exterminio institucional, mientras que los agentes estatales y terceros civiles llevaban a cabo la aniquilación física de sus miembros.

El pasado 7 de febrero, se convocó al Congreso a sesionar en pleno para recordar los hechos censurados y, de esta forma, cumplir una de las órdenes de la sentencia. Aunque la sesión se instaló pocos días después de la comunicación del fallo, el 30 de enero de 2023, la conmemoración no produjo las reacciones que esperaban las víctimas, y —por el contrario— faltó un gran número de congresistas y otro tanto salió del recinto en cuanto su prudencia se lo permitió. Se necesitaba algo más de presencia y de respeto, de la ritualidad que merecían las circunstancias evaluadas por la Corte.

La violencia exterminadora objeto de esta condena internacional persiguió simultáneamente tanto a los candidatos del Nuevo Liberalismo como a los de la Unión Patriótica, por el solo hecho de querer cambiar la forma en la que se hacía política en este país. El grupo de Rueda Rocha, encargado de la ejecución del homicidio de mi padre, fue el mismo que asesinó a Teófilo Forero, dirigente de la Unión Patriótica. Los gobiernos de la época, en alianza con narcotraficantes y paramilitares, como Pablo Escobar y Luís Meneses (alias Ariel Otero), acabaron con la vida de estos aspirantes al poder, por el solo hecho de ser serios oponentes ideológicos. 

El Estado colombiano ya ha reconocido la responsabilidad de algunos de sus agentes en el exterminio físico del Nuevo Liberalismo, siendo las condenas más renombradas las del exministro de Justicia Alberto Santofimio Botero y el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, Miguel Maza Márquez. Sin embargo, la justicia colombiana absolvió al teniente (r) Carlos Humberto Flórez, pese a encontrarse plenamente demostrado que pertenecía al grupo de sicarios de El Mexicano, José Gonzalo Rodríguez Gacha.

Con el mismo modus operandi aplicado a la Unión Patriótica, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado negaron el reconocimiento de la personería jurídica del Nuevo Liberalismo por razones eminentemente políticas y sin estudiar de fondo y sinceramente los argumentos propuestos. Durante años, estas decisiones truncaron la participación democrática de los integrantes del Nuevo Liberalismo hasta que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-257 de 2021, ordenó al Consejo Nacional Electoral que reconociera la personería jurídica del partido y que, en adelante, interpretara las disposiciones normativas «de acuerdo con el modelo democrático construido a partir de los principios y derechos que informan el Estado social y democrático de derecho».

A los clientelistas les sigue horrorizando que los mecanismos que diseñaron para perpetuarse en el poder les jueguen una mala pasada. Tan solo el año pasado, en abierto desconocimiento de la orden de la Corte Constitucional de «garantizar condiciones de igualdad frente a los demás partidos», el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de asignar los recursos públicos previstos para la financiación de los partidos políticos más representativos. Por supuesto, no tuvieron en consideración que los dirigentes del Nuevo Liberalismo fueron asesinados, y que la carrera electoral de 2022 ya había empezado cuando se revivió su personería jurídica.

La continuación de la exclusión «del que opina distinto» indica que tendrá que reformarse el régimen electoral para robustecer la democracia. Nunca ha habido un verdadero interés en cambiarlo, y los intentos de reforma al Código Electoral se han hundido para impedir que la razón jurídica prime sobre los intereses políticos. El fallo de la Unión Patriótica es una nueva invitación al cambio, a la creación de una corte autónoma e integrada por juristas formados en los principios democráticos que inspiran nuestra Constitución Política. Si por fin se lograra, podrían corregirse las fallas estructurales, sistemáticas e históricas que dieron lugar al exterminio institucional de la Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo.