Nuestra recaudación como porcentaje del PIB está por debajo del promedio de América Latina y muy abajo del de la OCDE. En efecto, de acuerdo con las Estadísticas Tributarias de América Latina y el Caribe 2022, para el 2020, último año comparable, el porcentaje en Colombia fue de 18.7%, 3.2 puntos menos que el de la región (21.9%) y apenas algo más de la mitad del de la OCDE (33.5%).
Ahora bien, no es menos cierto que hemos ido mejorando mucho ese recaudo. Hace apenas diez años, fue de 99,2 billones. Para el 2021, fue de $173,6 billones, un aumento de 18,8% frente a 2020, y este año se espera que esté alrededor de 210 billones, muy por encima de la meta de inicios de año que fue de 183 billones.
Ahora bien, a pesar del crecimiento de los ingresos fiscales, estos han sido tradicionalmente insuficientes para financiar el gasto público. Gastamos mucho más que lo que ingresamos y ello ha supuesto un crecimiento permanente del déficit fiscal, déficit que se agudizó durante el 2020 cuando el gobierno aumentó las erogaciones para cubrir las necesidades que planteó la pandemia. El déficit fiscal saltó al 7,8% y este año, a pesar del extraordinario crecimiento de la economía del año pasado y del primer semestre del año, estará en el orden del 5,6%.
El problema está en el crecimiento desmesurado del gasto público. El presupuesto general de la Nación en el 2010 era 148 billones, de 235 en el 2018 y para este año ya fue de 350,4 billones. El que ha pasado Petro al Congreso es de 405,6 billones, un 16% más alto que el de este año y casi el triple que hace 13 años.
Es el punto que quiero resaltar: el gasto público crece de manera mucho más rápida que el producto interno bruto y que el recaudo. Por mucho que doblemos los ingresos tributarios en diez años, como efectivamente hemos hecho, siempre serán insuficientes. Así no habrá jamás reforma tributaria que alcance.
Y esa discusión nunca se tiene. De entrada, se asume que, como el déficit fiscal crece, es indispensable aumentar el recaudo tributario y nadie se pregunta si el gasto público tiene o no sentido y si es o no eficiente.
Por eso el Gobierno se niega a reconocer que, en estricto sentido, no se necesitarían los 22 billones de pesos en que se ha ajustado la tributaria. Como conté en una columna anterior, solo el sector petrolero y minero dejará este año 34 billones adicionales de ingresos para el Estado, a lo que hay que sumar el recaudo adicional por el magnífico crecimiento de la economía hasta mediados de año y los adicionales de la mucho más eficaz tarea de la DIAN contra la evasión. Pero si se aumenta en 55 billones de pesos adicionales el presupuesto…
Para rematar, el Gobierno, que se ha negado sistemáticamente a desglosar en qué se gastaría específicamente la gigantesca reforma tributaria que pretende, de lejos la más grande nuestra historia, acaba de decir, en boca del MinHacienda, que los recursos irán para “gasto social, temas ambientales, fomento de la pequeña empresa y los programas de paz”.
Más allá de la preocupante vaguedad sobre su destino, lo que sí queda claro es que los nuevos recursos no irán a cerrar el déficit fiscal sino a financiar más gasto. Muy al contrario, lo previsible es que, si se aprueba como salió de las comisiones económicas del Congreso, ahonde el problema en lugar de contribuir a resolverlo.
La reforma, además, no simplifica el sistema tributario, no contribuye a balancear las fuentes de ingreso sino, al contrario, aumenta el impuesto de renta de las sociedades, ya excesivamente alto, e impulsa los empresarios a sacar sus capitales y a cambiar su residencia fiscal. Y tiene un demoledor impacto negativo en materia de inversión y crecimiento que siempre es malo pero que es peor en estas circunstancias que vivimos de incertidumbre internacional, aguda devaluación del peso, alta inflación y riesgo serio de recesión global.
No hay que olvidar que cualquier tributaria que castigue el crecimiento de la economía es indeseable. El crecimiento es el gran responsable de reducir la pobreza. Pues esta reforma no solo lo castiga, sino que lo pasa al paredón.