Santa Marta no ha podido salir de los primeros lugares de ciudades con mayor costo de vida en este año 2022. La Inflación para el mes de agosto fue de 1,56%, y la anual de 14,42%, superiores en 0,54% y 3,58% respectivamente con la variación nacional; en medio de la informalidad laboral que para el trimestre mayo – julio se ubica en 63,3%, aunque disminuyo 0,14% en relación al trimestre de año pasado continúa siendo alta, la tasa nacional es de 58,1%. Cifras entregadas por el Dane para no desestimar, generando sinergias pueden ser mejoradas.
A todo lo anterior se suma el costo en el servicio de la energía eléctrica que tuvo el crecimiento más elevado situándose en 49,94%, por encima del promedio nacional que para el mes de agosto fue de 25,90%. Incrementos en las tarifas injustificables, solo es analizar las frecuentes interrupciones en el servicio que se realizan en la ciudad. ¿El remedio resulto peor que la enfermedad? La empresa Air-e que llego en remplazo de Electricaribe no cumple con la prestación de un servicio eficiente.
Deben existir controles para evitar posición dominante de la empresa Air-e, que siga cometiendo todo tipo de atropellos contra los usuarios. Las veedurías tienen que tomar cartas en el asunto, la Ley les otorga facultades para fiscalizar y vigilar el manejo y gestión en la prestación de los servicios públicos. Lo delicado del asunto es que la energía eléctrica es un servicio básico, esencial, necesario en los hogares y en las empresas para la realización de actividades diarias que con las interrupciones se paralizan.
¿Están asumiendo los usuarios las pérdidas de la empresa? ¿Cómo explicar los cobros excesivos en las facturas? ¿Quién responde? Sin importar el estrato, el alza en la facturación de energía es considerable. Por parte de la empresa se reciben los reclamos y quejas de los usuarios, quedando en ocasiones sin resolverse. Toda la región caribe viene mostrando inconformismo por el mal servicio que recibe.
No darles prioridad a las solicitudes de las comunidades se convierte en detonante para recurrir a manifestaciones de todo tipo que terminan afectando el orden público. El costo social es alto: las protestas ciudadanas que se han presentado causan traumatismos por los bloqueos en las vías, donde ha sido necesaria la presencia de las autoridades para calmar los ánimos.
El pasado viernes la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez anuncio las medidas establecidas. Las Resoluciones 701 017, proyectada a doce meses, y 701 018, que entra en vigor en cinco meses emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas —CREG— contemplan entre otras: involucrar a todos los actores de la cadena de la electricidad en la reducción de las tarifas eléctricas; aliviar la carga de los comercializadores que son los que recaudan el dinero de las tarifas; renegociar los contratos del mercado regulado entre comercializadores y generadores.
Se busca disminuyan los costos en las facturas de energía a partir del mes de noviembre. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debe ser garante. El caribe colombiano y en especial la ciudad de Santa Marta que ha sido una de las más afectadas, espera que las medidas si funcionen y la empresa Air-e prestadora del servicio de energía eléctrica las cumpla.