La criminalidad sigue imparable, los casos de sicariatos y acciones delincuenciales como hurtos en el perímetro urbano y rural de Santa Marta se han incrementado en lo que va corrido de este año 2022. Profundos cambios se necesitan. ¿Cómo garantizar el orden público en la ciudad? ¿A qué obedece el aumento en muertes violentas? ¿Las autoridades responden de forma certera? ¿Se cumplen los planes de seguridad establecidos? ¿Medidas adicionales se pueden implementar para obtener mejores resultados?
Es un flagelo que permanece latente. En el año 2021 se registraron 167 homicidios; la dimensión del problema implica establecer un plan de choque por la seguridad ciudadana encaminado a contrarrestar el accionar delictivo. Esfuerzos conjuntos entre autoridades militares, policiales y civiles tienen que redoblarse. Contar con el apoyo del Gobierno Nacional de forma permanente para poder atender las necesidades en materia de seguridad.
Cada vez más la tranquilidad de la ciudadanía está expuesta. Si no se alcanza una seguridad preventiva con estrategias institucionales estaremos siempre en un círculo vicioso: no se llega al fondo de la problemática. Las estadísticas lo confirman, durante el mes de agosto fueron 21 asesinatos (en julio la cifra fue de 12) con armas de fuego en su gran mayoría bajo la modalidad de sicariato.
Tendencia al alza en homicidios genera preocupación e incertidumbre, el tejido social se fragmenta por los hechos violentos. Las organizaciones criminales ganan espacios con la vinculación y reclutamiento de jóvenes que terminan convertidos en víctimas y victimarios. Proyectos productivos con beneficios sociales que brinden oportunidades deben llevarse a cabo buscando recuperar jóvenes en riesgo.
La coyuntura actual exige que las autoridades estén dotadas de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial; aumento en el pie de fuerza; intervenir sectores que presentan índices altos de inseguridad y canales de comunicación directos con las comunidades para hacerle frente a la delincuencia. Evitar que la situación se agrave, es posible si se actúa con contundencia, dando golpes y desarticulando las estructuras dedicadas a la ilegalidad.
Los actores armados se han expandido por todo el país. Las rentas producto de actividades delictivas se han convertido en su principal fuente de financiación. La ciudadanía queda en medio del conflicto y sufre las consecuencias. La Paz Total que propone el presidente Petro no puede pasar por alto la inseguridad e intimidaciones generadas por las disputas entre diferentes organizaciones al margen de la Ley. Es imperativo enfrentar y combatir la delincuencia con acciones inmediatas para devolverle la confianza a toda la población.