Petro y los dirigentes del Pacto Histórico nunca imaginaron que Rodolfo Hernández pudiera ser su rival en la segunda vuelta de la elección presidencial. Concentraron toda su artillería y perversidad en destruir el buen nombre de Fico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, a quienes consideraron las amenazas más probables y peligrosas. Así, dieron curso a los dictados de sus condiciones humanas y se esforzaron en valerse de todas las trapisondas posibles para alcanzar sus objetivos.
Sorprendidos por la intromisión de Rodolfo, favorecida por la exigencia de cambiar la practica envilecida de la política, terminaron presas de confusión y temores por la inatajable derrota que avizoraban. No tardaron en urdir planes que pudieran reversar lo que anticipaban irreversible. Con ello, enlodaron el ejercicio de la política en magnitudes desconocidas en la convulsionada historia del país.
Los petrovideos publicados por la revista Semana develaron la perfidia que muchos de ellos han cultivado con esmero en sus actividades políticas y revelaron los planes siniestros que bajo la dirección de Roy Barreras habrían de colmar la partitura oculta que se propusieron ejecutar. No se contentaron con acudir a todas las formas de lucha en las que varios de ellos se formaron para recabar los apoyos de los sectores éticamente más deleznables, sino que tramaron acciones encaminadas al desprestigio del rival inesperado, dirigidas por la escoria que hasta ahora había permanecido oculta en los recovecos del Pacto Histórico, y que se ha expresado en la estrategia diseñada por su jefe de comunicaciones consistente en la necesidad de correr la frontera de la ética para dar libre curso al objetivo de demoler y destruir a su temido adversario.
No contentos con ese despliegue de falacia acudieron a la justicia, que saben politizada en muchos de sus altos estamentos, para obtener sentencia que obliga a un debate que Rodolfo no teme, y que infiere derechos que las normas constitucionales y legales no establecen, pero si desnudan la parcialidad política del fallador, como si el derecho a la información debida no se hubiere satisfecho con los innumerables debates previos, la difusión de los programas de gobierno, las entrevistas en los medios de comunicación, los comunicados, discursos y conferencias sucedidos a lo ancho y largo del debate.
Afrontamos los efectos de la imposición que se nos quiere hacer del gobierno de los jueces, que haría trizas los pilares de la separación de poderes, y en especial los atributos de independencia e imparcialidad de la justicia, consustanciales al régimen democrático. No son de poca monta los objetivos que se han trazado, si a ello agregamos la ligereza con la que algunos medios de comunicación se parcializan, sin respeto y consideración a la veracidad y confiablidad de la información que difunden. La última prueba es la de la ignominia de un columnista de El Espectador que, sin pruebas al canto, disparó al corazón de Rodolfo Hernández con la letalidad que supone la tragedia que como padre tuvo que afrontar. Esperamos que el periódico sepa preservar el legado del inmolado Guillermo Cano.
Castiguemos la degradación de la política.