El 26 de octubre del 2011 el colectivo de abogados José Alvear Restrepo acusó a la Fiscalía General de la Nación que debió identificar los cadáveres de las falsas denuncias que ellos impetraron en las cortes nacionales e internacionales en los diferentes casos que le han ganado al Estado para que ellos no hubieran cometido los delitos. Visto de otra forma, los deben vigilar para que se porten correctamente.
En el caso de Maipiripan, este colectivo lleva ganados pleitos al Estado colombiano por el orden de 5.200 millones de pesos con fallos judiciales en el exterior de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos siendo que las últimas investigaciones de la Fiscalía encontró más de cuarenta casos de asesinatos falsos que traeré a colación unas cuantas por falta de espacio.
La familia Pinzón López recibió a través del Ministerio de Defensa la suma de 258 millones de pesos porque el colectivo demostró el asesinato de su pariente Jaime Riaño Colorado en la masacre de Maipiripan, pero se descubrió que el señor falleció en 1989 ocho años antes de la masacre.
El señor Wilson Molina, recibió $394.600.000.oo en vida del Ministerio de Defensa, porque el colectivo de abogados hábilmente demostró que el fue asesinado por culpa del Ejército y el aparece en enero de 1999 como desplazado y en el 2003, cambió de cédula. Está vivo disfrutando del dinero.
La señora Mariela Contreras, la del llanto desgarrador frente a las cámaras de televisión porque por culpa de los militares asesinos, le mataron a su esposo, dejándola viuda y a sus dos hijos, quedando sin sostén económico, recibió del Ministerio de Defensa por su actuación y gracias al colectivo de abogados Alvear la suma de 1.751 millones de pesos; pero se descubrió que a su esposo, lo fusiló las Farc dentro de su accionar para sus integrantes y que un hijo, desde 1995, dos años antes de la masacre, pertenecía a las Farc y se desmovilizó, presuntamente por lo de su padre en el 2008. De su otro hijo abandonó el hogar, por sustracción de materia para algún grupo delincuencial.
A esta señora y a casi todos, los contactó una señora amigable y un abogado de nombre Jaime, pareja con conexiones que los ayudaron en las declaraciones en el exterior y en los estrados judiciales porque es muy difícil salir de las selvas del Guaviare a rendir declaraciones coherentes. Por curiosidad, quisiera saber quién le enseñó a llorar en esa forma estremecedora.
El colectivo de abogados por intermedio del abogado Eduardo Carreño, no vaciló en contactar al teniente coronel Hernán Orozco que estaba sentenciado a 40 años de cárcel por ser el comandante del Batallón París con Jurisdicción en Maipiripán para que declarara en contra del comandante de la Brigada del general Uscategui, declarando que le envió un fax, a quien no era su comandante operativo si no administrativo con un informe de inteligencia y consiguieron con esta débil prueba condenar al general Uscategui. Para el Coronel a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos lograron el asilo en el exterior con trabajo incluido. Revista Semana # 1536.
En el caso del Palacio de Justicia, al fin se van a cotejar las firmas de la declaración del cabo Villamizar o Villarreal que ya apareció diciendo que él no ha dado esa declaración.
Todo esto ayudado por la carta ¿Por qué el coronel Plazas aún no está libre? Qué firmamos en el periódico El Tiempo publicado el 11 de septiembre de este año un grupo de personas.
Esta declaración a todas luces hecha contra la valoración de las pruebas y todas las presentadas en el caso del Palacio de Justicia son controvertidas.
En el caso de Santo Domingo, la historia se repite, hay una serie de pruebas que presentaron y las autoridades judiciales, desecharon las que presentaron los peritos de explosivos de las FAC, donde demuestran que una bomba Clúster como las que arrojaron los aviones no tiene un radio de acción de 500 metros sino de 250 metros, pero el colectivo hábilmente presentó una serie de testigos de la misma forma que las anteriores: Pruebas controvertidas.
Sin ánimo de crítica, porque de todas maneras la recuperación del dinero es importante, recomiendo al Ministerio de Defensa y a los Altos Mandos Militares, que se le dé prioridad para obtener la libertad de los militares que injustamente están condenados por culpa de estas reclamaciones falsas que lo único que hicieron fue dañar el buen nombre de la Fuerzas Militares, llenaron las arcas de personas inescrupulosas y llevaron a la cárcel a gente inocente.
Solamente voy a tomar los nombres de los más antiguos en cada caso, Maipiripán: el general Uscategui, su proceso tiene que venirse a tierra, no se está negando que hubo un hecho indebido, pero se debe sancionar al verdadero culpable, no a un chivo expiatorio para cobrar una indemnización.
En el caso del Palacio de Justicia, el coronel Alfonso Plazas debe estar en libertad, lo mismo el general Arias Cabrales y los demás, porque no hay desaparecidos, hay asesinados por el M-19 que hábilmente un colectivo de abogados en compañía del guerrillero, secuestrador, convicto René Guarín tergiversaron la verdad y no se entiende la actuación de la fiscal Buitrago.
El caso del bombardeo en Santo Domingo, los pilotos bombardearon unas coordenadas, los muertos aparecieron al lado de un camión cargado de explosivos por las Farc, no hay responsabilidad de los pilotos militares.
El dinero ya está perdido, pero la libertad de nuestros oficiales, pilotos, sub oficiales, soldados e infantes de Marina hay que recuperarlos con su honor intacto, los jueces penales están reemplazando a los jueces naturales como son los de la Justicia Penal Militar y ellos no entiende de órdenes de operaciones, agregaciones operativas y demás intríngulis del medio castrense.