¿Seguridad: impotencia y complicidad?

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Escrito por:

MARIO GONZÁLEZ VARGAS

MARIO GONZÁLEZ VARGAS

Columna: Opinión

E-mail: magonzavar@yahoo.com


El atentado terrorista del ELN contra agentes de la Policía Nacional en Cali, merece una nueva reflexión sobre las estrategias de seguridad en Colombia.
El esquema que prevaleció en la lucha contra la insurgencia no es aplicable, porque ya no se trata de derrotar en combate a organizaciones militares, sino de enfrentar milicias rurales y urbanas que controlan territorios y comunidades mediante amenazas y terrorismo, que se valen de la corrupción de autoridades locales y se enriquecen con las rentas del narcotráfico y la extorsión que les dispensa el ejercicio de la criminalidad. La inseguridad en Arauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca y el Pacifico Nariñense y Chocoano obliga a una revisión de las estrategias de seguridad y control territorial que se han aplicado en los últimos años.

No se trata solamente de dar de baja a cabecillas y militantes que son inmediatamente sustituidos, sino de entender que la prioridad radica en ejecutar procesos con objetivos políticos definidos y concertados con la institucionalidad regional y local, que apunten, no solo a contabilizar unas bajas, sino a recuperar territorios y seguridad ciudadana. Ello implica una reformulación de metas y procedimientos de la Fuerza Pública que debe obedecer a doctrinas que correspondan a renovadas concepciones estratégicas del Estado.

Una simple superioridad militar de combate no garantiza la neutralización de hombres en armas con retaguardia en las fronteras cercanas, cuando no ocultos en zonas urbanas y rurales que controlan mediante el terror que infunden, como se experimenta a diario en poblaciones que exigen el retiro de la Fuerza Pública, ni asegura la acción de erradicar los cultivos ilícitos que al fin y al cabo representan el combustible de la violencia, el poder de los criminales y el instrumento de sus alianzas con regímenes alimentados por sus beneficios.

Una nueva doctrina necesita un amplio consenso político que no se vislumbra a corto plazo como se desprende del enrarecido clima que se observa en el proceso electoral en curso, y en el que los sectores de izquierda radicalizan su animadversión hacia la Fuerza Pública. Los radicales y los tibios coinciden en criticar y oponerse a la movilización y operaciones de militares y policías, señalando al gobierno como responsable del terrorismo de los GAOS, cuando no acusándolo de genocida, como vociferó el senador Feliciano Valencia. Los voceros del partido comunes rechazaron las decisiones del gobierno para poner fin a las matanzas de colombianos y venezolanos en territorios fronterizos. El senador Iván Cepeda calificó la decisión de militarista, al tiempo que desde Centro Esperanza se sumaban a las críticas, que indignan más porque callan ante las víctimas militares y policiales caídos en su tarea de proteger a los colombianos del terrorismo y vandalismo que ellos parecen justificar.

En ese escenario que se encamina a lo dantesco, preocupa la timidez de los precandidatos en edificar soluciones y solidaridades para enfrentar una situación de la que depende un mejor país, como si nos anticiparan su renuencia a la construcción del futuro. ¿Silencio impotente en unos y cómplice en otros?


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