El presupuesto general de la Nación, siempre desfinanciado, se caracteriza por su déficit estructural dado que mientras el gasto, que tiene una inflexibilidad que supera el 80%, ronda el 19% del PIB, los ingresos corrientes de la Nación a duras penas llegan al 15%. El margen de maniobra del Gobierno es limitadísimo, tanto más en cuanto que el Congreso de la República, a guisa de ejemplo aprobó entre 2003 y 2019 1.224 leyes, de las cuales 566 tienen impacto fiscal, con un gasto recurrente de $23 billones (¡!).
Las partidas correspondientes a las transferencias del Sistema General de Participaciones, la correspondiente al rubro de lo que debe girársele a Colpensiones al Fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio y el servicio de la deuda absorben muy buena parte del Presupuesto. Es muy diciente que el servicio de la deuda, con el 22.3% del presupuesto aforado para el año entrante en $350 billones, supera ampliamente el rubro de inversión, el cual participa con el 17.8%. Lo único flexible en el presupuesto es la inversión y por ello mismo es la que al final resulta sacrificada.
Ello es supremamente preocupante porque Colombia pide a gritos más inversión, sobre todo en bienes públicos, particularmente en infraestructura, para mejorar su competitividad, lastrada como está a consecuencia del gran rezago que acusa en ese frente, como lo delatan los informes periódicos del Foro Económico Mundial y del Consejo privado de competitividad. Y precisamente, como lo sostiene ANIF, “la pérdida de crecimiento potencial del 4% - 4.5% hacia el 3% - 3.5% ha estado relacionada con contracciones promedio de la productividad de los factores a ritmos del -0.5% anual durante 2015 – 2018”.
Huelga decir que mientras la economía no crezca por encima del 3.5%, como no lo ha hecho desde 2015, no sólo no genera empleos, sino que lo destruye y ello explica que después de haber alcanzado una tasa de desempleo de un solo dígito, desde 2019, antes de la pandemia, volvimos a los dos dígitos. Y claro, al aumentar el desempleo se afecta el ingreso y ello repercute en el índice de pobreza, el cual después de bajar durante siete años desde el 48.8% en 2012 al 34.7% en 2018, a partir del 2019 se revirtió dicha tendencia. El año anterior, a consecuencia de la crisis pandémica tuvimos una recesión económica que se tradujo en un decrecimiento del PIB del -6.8% y con ella se exacerbaron el desempleo y la pobreza, alcanzando niveles históricos de 15.9% y 42.5%, respectivamente. Dicho de otra manera, ¡esta ha sido nuestra década perdida!
Como secuelas de la crisis pandémica, además de ampliarse y profundizarse la brecha social, se puso de manifiesto otra brecha no menos irritante e impactante como lo es la digital. Ello me ha llevado a plantear la necesidad de añadir a los 17 objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas el cierre de la brecha digital como el 18º objetivo.