El informe del Panel de expertos conformado a instancias de Open Society Justice de Georges Soros, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso, contentivo de la evaluación de personas candidatas a la elección como miembros de la Corte IDH y de la CIDH, despierta serios interrogantes e inquietudes que no deben pasar desapercibidos por las cancillerías de los Estados Miembros de la OEA. Si bien sus opiniones no son vinculantes, los criterios que las fundamentan preocupan, porque apuntan al desconocimiento de la naturaleza, fines y propósitos de la OEA.
El Panel considera que las elecciones de magistrados y comisionados “han carecido históricamente de procedimientos y criterios transparentes capaces de brindar a las elecciones las garantías de legitimidad que demandan”, en razón de “la ausencia de la sociedad civil en la escogencia de candidatos representativos de experticia, género y otras formas de diversidad”.
Su insólita pretensión apunta a sustituir el diagnóstico de Alberto Lleras sobre la naturaleza y futuro de la OEA, de que ella “es la que los gobiernos quieran, y no otra cosa”, por la de que la OEA sea lo que las oenegés quieran, con lo que se desvirtuarían sus fines y principios de fomentar la paz, promover la democracia e impulsar la colaboración entre sus Estados Miembros. Ambientan su ideologizada iniciativa en el ejemplo de la práctica en boga en la designación de los magistrados del Tribunal Europea de Derechos Humanos, pero ocultando que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea solicitó una investigación que permita erradicar el monumental conflicto de intereses de magistrados provenientes de Open Society y de las oenegés financiadas por ella, y encargados de resolver sobre las pretensiones presentadas por miembros de estas organizaciones.
A lo largo de las últimas intervenciones del panel en la valoración de los candidatos a la Corte IDH y a la CIDH, los Estados miembros no parecen haber reparado en el contenido y alcance de sus resultados y recomendaciones, que ahora se materializan en la propuesta de un Comité Consultivo, sin participación de los Estados, responsable de asegurar la idoneidad de las personas, no necesariamente nacionales, nominadas a su vez en escenarios estatales, con participación de todos los grupos de interés pertinentes.
Los Estados Miembros asumirían las obligaciones derivadas de las decisiones de organismos de composición diversa, supuestamente independientes, apolíticos e imparciales que nominarían los candidatos, y otro que validaría esas escogencias. Configura el despojo de una función natural y propia de los Estados en toda organización para mantenimiento de la paz, impulso de la democracia y defensa y promoción de los derechos humanos.
Estamos ante el advenimiento de una Inquisición lucrativa e intolerante, como todas ellas, que amenaza los cimientos del sistema interamericano y afectaría la democracia y la paz hemisféricas. La solicitud de exclusión, arbitraria e injustificable, de Carlos Bernal y de los candidatos de Brasil y Paraguay de los órganos del sistema, constituye prueba fehaciente de lo que se nos quiere imponer.