Electricaribe le jugó sucio a sus 2.7 millones de sufridos usuarios y al Estado colombiano. Esta empresa, controlada por la española Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy, nunca cumplió con la Ley eléctrica que la obligaba a prestar el servicio con calidad y continuidad. Pero lo que precipitó la intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue la insolvencia de la empresa, al punto que, además de la abultada deuda con sus proveedores, ya no tenía ni con qué comprar la energía, lo cual ponía en riesgo no solo la prestación del servicio a sus usuarios, los cuales se verían abocados a un virtual apagón, sino que su efecto dominó podía desencadenar una crisis sistémica.
Con la intervención se destapó la caja de pandora que guardaba celosamente Electricaribe y su controlante GNF. Al levantarse el velo que la cubría, la Contraloría General de la República dispuso adelantar una auditoría especial a la facturación a través de la cual se pudo establecer que entre julio de 2011 hasta octubre de 2016, la empresa se había apropiado ilegalmente de $211.755 millones que se le habían girado por parte del Fondo de Energía Social (FOES) que administra el Ministerio de Minas y Energía para aplicarlos como subsidio al consumo de subsistencia a los estratos 1 y 2 en las zonas caracterizadas como “especiales”.
El hallazgo de esta tropelía por parte de la Contraloría le valió a Electricaribe, ahora en liquidación, la apertura de un juicio de responsabilidad que concluyó compeliéndolos al reintegro de esta suma, la cual se le debe reconocer y resarcir a los usuarios que se vieron birlados. Por fortuna, la agente liquidadora Ángela Patricia Rojas tuvo la previsión de constituir una garantía bancaria con BBVA a favor de la Contraloría General por valor de $187.227 millones, lo cual asegura el pronto reembolso del monto de la defraudación, defendiendo así el patrimonio público. Esta es la buena noticia.
La mala noticia, en cambio, es que Electricaribe ya no está bajo el control de GNF, está en proceso de liquidación y según quedó claramente establecido en la Ley del Plan de desarrollo, “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público… la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”.
De modo que este reintegro deberá hacerse con cargo a la nación, la cual deberá asumir esta deuda, así como ha asumido los demás pasivos, entre ellos el pasivo pensional, por valor de $1.6 billones y los recursos transferidos a través del Fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios para su inversión y para garantizar la prestación del servicio, que superan los $4 billones, los cuales se van a fondo perdido. La verdad monda y lironda es que los platos rotos de Electricaribe los terminaremos pagando todos los contribuyentes colombianos. La pesadilla de Electricaribe no termina.