Desde hace meses, el Ministerio de Educación Nacional, intentó el retorno a clases de los estudiantes de los distintos niveles de educación, sin tener éxito debido a los aumentos en los picos de contagio de la pandemia de Covid 19 en el país, las garantías de bioseguridad exigidas por el magisterio colombiano, el incumplimiento de algunas entidades territoriales en las inversiones y adecuaciones para el logro de instituciones biosaludables, el insuficiente número de personas vacunadas y la incertidumbre frente al contagio en niños, menores de edad y sus familias. A partir de este momento, se suscitó una tensión entre quienes consideran que se debe regresar a clases, y quienes no, situación que evidencia dos caras de la realidad frente al retorno a clases para más de 9,7 millones de niños de instituciones oficiales y no oficiales del país.
Una cara del retorno manifiesta el daño que se hace a la educación colombiana, que inclusive incentivó el pronunciamiento de algunos actores de la política nacional en el sentido de recuperar la educación pública. Los defensores de esta perspectiva argumentan que los niños se están afectando en aspectos esenciales del desarrollo educativo, emocional, social y afectivo; se pronostica una baja en los resultados de la calidad de la educación en las pruebas nacionales e internacionales, alto impacto en la dinámica económica por la ausencia de niños y jóvenes en las instituciones educativas, también, afectaciones en las familias que no tienen con quien dejar a sus hijos para ir a trabajar durante la recuperación económica, así como el impacto en el futuro social y económico del país por la inestabilidad del servicio educativo.
De acuerdo con esta mirada del retorno, en el presente se están causando aumento del trabajo infantil, riesgo de maltrato, violencia y embarazo en adolescentes, pérdidas en aprendizaje, mayor afectación en niños pobres y rurales, pérdida de más de tres años de inversión en educación por encierro, entre otras.
La otra cara del retorno expresa que no existen las condiciones en las instituciones educativas y el país para el retorno a clases, el histórico abandono a la educación, el alto riesgo de contagio para los estudiantes, profesores y padres de familia, la insuficiente cobertura de vacunación en la comunidad educativa, la permanencia de la brecha de desigualdad en la infraestructura educativa de la zona rural y de los sectores urbanos marginales, además de los problemas de transporte, incumplimiento en los protocolos de bioseguridad y las insuficientes herramientas tecnológicas y de conectividad para los niños y jóvenes, sin contar para los directivos y docentes; y la transmisión por aerosoles, la inexistencia de ventilación, filtración del aire y mediciones de CO2 para detectar cuando el oxígeno en recintos cerrados está viciado y representa un mayor riesgo de contagio, son entre otras las razones para oponerse al retorno inseguro.
A esta perspectiva, se suman los argumentos de algunos docentes que expresan la responsabilidad que tienen desde el juramento de posesión en el cargo para acatar y cumplir la Constitución, y con ella, respetar el derecho a la vida como valor fundante, el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.
A pesar de los avances del retorno progresivo en algunas entidades territoriales, y el debate jurídico planteado a partir de las inadecuadas condiciones de las instituciones educativas para garantizar un entorno seguro y biosaludable para la comunidad educativa, existen incertidumbres frente al futuro de este proceso que, empieza a mostrar algunos casos de contagios en niños y adolescentes de algunas instituciones y temor por la nueva variante “Delta” en razón a situaciones observadas en otros países, donde inclusive, se contaba con mayor porcentaje de inmunización.