Se oye decir en redes sociales que en el caso de Electricaribe la cura fue peor que la enfermedad. Antes de lanzar críticas sobre esta situación tan grave para la economía y bienestar de la región y de tantos años, no solo basta padecer como usuario el pésimo servicio sino también conocer el contexto y saber que se está haciendo para resolverlo.
Desde la época de las electrificadoras que operaban en los siete departamentos de la Costa Atlántica las fallas del servicio de distribución de energía han sido una constante, con excepción de la segunda mitad de la década de los dos mil en el que la infraestructura eléctrica estuvo a cargo de Unión Fenosa.
Con la llegada de Gas Natural, grupo que asumió el control de Electricaribe y más concretamente desde el 2011, cuando las inversiones alcanzaban los 230 mil millones, pero deberían ser por lo menos de 350 mil millones de pesos, la calidad del servicio paulatinamente empezó a disminuir al igual que el recaudo y por el contrario las pérdidas de energía experimentaban incrementos.
Gas Natural exigía que se les aprobara aumentar la tarifa para poder recuperar las inversiones en infraestructura en los montos requeridos. Pasaron muchos ministros de minas y energía, pero ninguno accedió a sus peticiones.
En noviembre de 2016 con la intervención del gobierno, se encontró una empresa endeudada por 2.5 billones y un pasivo pensional de 1.3 billones de pesos, con un deteriorado nivel de recaudo de cartera de 81%, venido abajo de un pico de 94% alcanzado en las mejores épocas de operación de Unión Fenosa y pérdidas de energía del 21%, variables que generaban un déficit de caja que escasamente permitía hacer inversiones por 130 mil millones de pesos anuales.
En los dos primeros años de intervención se mantuvo la continuidad del servicio con préstamos por 200 mil millones de pesos. Se estructuró como plan A vender los activos a un solo operador y que este además de hacer las inversiones por 7.6 billones de pesos asumiera los pasivos reestructurados de la compañía. En esta convocatoria solo mostró interés el grupo Enel.
Con la llegada del Gobierno Duque en los dos años siguientes, mantener el servicio requirió de 6 billones de pesos y se decidió segmentar el mercado en dos zonas. Como resultado de la nueva estrategia surgieron EPM a través de Afinia y Enerpereira con Aire.
Exigir mejoras del servicio en tan solo diez meses resulta injusto, pues se requerirá un periodo de 5 años con inversiones de 700 mil millones de pesos anuales en cada empresa para que la calidad se acerque a la del promedio nacional. Pero ante las persistentes interrupciones del servicio, hay usuarios que perciben que está empeorando.
Con la crisis de la pandemia cayeron aún más los ingresos y aunque los nuevos operadores no asumirán los pasivos, les aprobaron realizar incrementos en la tarifa por concepto de comercialización y por el cobro de las pérdidas de energía con el compromiso de hacer las inversiones para controlarlas.
Como la fallida reforma tributaria, el punto no es solo cobrar, sino que los usuarios tengan la capacidad de pagar. He aquí el quid, pues de lo que se trata es que el servicio mejore y las empresas sean sostenibles y en esta ecuación los operadores tendrán que ser tan creativos para fidelizar a los clientes con un servicio de calidad y lograr que todos paguen la factura. Gran reto en tiempos de crisis.