Transición energética

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Escrito por:

Javier Lastra Fuscaldo

Javier Lastra Fuscaldo

Columna: Opinión

e-mail: javierlastra6@hotmail.com

Twitter: @JLastraFuscaldo


En reciente publicación de Fedesarrollo con motivo de la celebración de sus cincuenta años de fundada como centro de pensamiento, da a conocer el trabajo de varios expertos en diferentes temas que permiten dar una mirada hacia el futuro y contribuir en la definición de políticas públicas que impactan la vida de los colombianos.

Uno de los tópicos trascendentales expuestos en su publicación es el de la transición energética, trabajo elaborado bajo la coordinación de la economista Astrid Martínez con un equipo de profesionales de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo. Su importancia radica en la celeridad en la que el mundo está cambiando sus patrones de consumo, por una parte, por los desarrollos tecnológicos, pero también a raíz de la obligación de lograr objetivos concretos en la lucha contra el cambio climático.

Uno de los principales retos en ese propósito, sobre todo para países como Colombia que soportan significativamente sus recursos fiscales en la comercialización de combustibles fósiles, es cómo enfrentar los riesgos asociados a la desaceleración del dinamismo de la demanda internacional por estos productos y en consecuencia la reducción de sus ingresos que son destinados a apalancar programas sociales y de infraestructura.

En esa línea y bajo el reconocimiento del entorno internacional, Colombia está llamada a redefinir su estrategia comercial de combustibles fósiles y explorar otras posibilidades de exportación, así como diversificar la estructura productiva de los departamentos dependientes económicamente de las regalías por la producción de petróleo y carbón sin dejar de lado la conversión de Ecopetrol en una empresa capaz de incluir dentro de su portafolio de servicios las fuentes de energías renovables no convencionales.

En paralelo con la capacidad operativa de Colombia en economías extractivas y su obligada transformación, está el reto de la ejecución de la política energética enfocada en el consumo de combustibles limpios en condiciones de sostenibilidad ambiental.

En el seno del Acuerdo de París, en diciembre de 2020 el país puso la vara más alta, al actualizar su compromiso de reducir para el 2030 en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que van de la mano con el Plan Energético Nacional como eje fundamental para la materialización de la política de transformación energética de Colombia de cara a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las buenas prácticas de la OCDE.

Pero como decía Lope de Vega, obras son amores y no buenas razones, hay que prever los inmensos desafíos y las complejidades en razón a los intereses que existen en cada uno de los sectores que podrían mantenerlos en el status quo en caso de no recibir los incentivos normativos adecuados y eficaces o peor aún enfrentarse a barreras para moverse hacia la transición energética. En buena hora ha sido sancionada la ley 2099 el pasado 10 de julio que sin duda ayudaría a dinamizar el mercado energético con exenciones tributarias para proyectos de generación con fuentes no convencionales. 

Algunos sectores mostrarán mayor impulso que otros hacia la transición como el transporte que consume el 43% de la energía del País o el Industrial con el 22% sin embargo, es necesario la incorporación del hidrógeno y la ampliación de la biomasa a fin de lograr menores consumos de energía sin restar eficiencia y en ese propósito la oferta de energías limpias basada en menores costos de las tecnologías es definitivo para alcanzar tan ambiciosas metas que se ha trazado el gobierno nacional.