Tocar no es entrar, frase que resume las exigencias de quienes impulsan el paro nacional. Las centrales obreras y estudiantes han conformado un comité para representar aún no se sabe a quienes, pero sí es claro el contenido del “pliego de peticiones” presentado al Gobierno Nacional, ganando el pulso de no dialogar sino negociar. ¿Qué piden, qué lograrían y quienes los respaldan?
Las peticiones cubren varios sectores como salud, solicitan el retiro del proyecto de ley que busca reformar el sistema, educación, piden matrícula gratis en entidades públicas y no alternancia educativa, económico, exigen la defensa de la producción nacional agrícola, industrial, artesanal y campesina, subsidios a las Mi Pymes y, entre otros puntos, renta básica de emergencia de al menos un salario mínimo mensual vigente para contrarrestar los efectos de la pandemia.
Hasta ahora se han conocido estimaciones preliminares sobre el impacto económico de estas peticiones como el que dio a conocer el Diario la República de 73.9 billones de pesos anuales, cifra que hubiera alcanzado a cubrir apenas en una tercera parte la reforma tributaria retirada por el gobierno comenzando las primeras escaramuzas del paro nacional.
Varios puntos a resaltar de este resumen. Primero, el poder demostrado por la reacción social de impedir que las instituciones transiten de espaldas a los intereses de algunos sectores económicos y sociales del país. Error de cálculo del gobierno al pensar que solo bastaba las mayorías en el congreso para sacar una reforma tributaria de tal magnitud sustentada en gravámenes a la clase media. Segundo, el resurgir del malestar social por los temas pendientes de las protestas de noviembre de 2019 y tercero, la creación tácita de un escenario diferente al institucional para discutir aspectos que, si bien tienen una finalidad altruista, afectarían aún más las finanzas públicas por temas de coyuntura más que por cambios estructurales.
Es un hecho que las marchas desde el pasado 28 de abril llamaron la atención del gobierno, de los industriales, de los políticos y generó la disposición a escuchar, pero muy tarde por lo que se hubiera podido evitar. El problema fue creciendo por la vinculación de fuerzas oscuras y criminales en las marchas y que, paradójicamente, sin su patrocinio, están empoderando al comité para hacer propuestas por encima de la maltrecha capacidad económica del país.
Aunque el gobierno lo haya aceptado, es discutible la competencia del comité del paro para negociar sustituyendo los canales institucionales. ¿Estaría obligado el Congreso de la República acoger a ojos cerrados lo que se decida en la mesa de “negociación” del gobierno y el comité? Constitucionalmente no.
Por lo tanto, lo que resultaría útil tanto para el comité del paro, es enfocar los esfuerzos para la construcción de una hoja de ruta con propuestas claras que se implementen enseguida por el gobierno y a partir de julio por el congreso de la república, dejando otras propuestas como compromiso para el próximo presidente quien tendría el deber moral de atender este clamor social y restablecer la confianza y gobernabilidad.
Entretanto en reciente reunión de exministros de hacienda con el Gobierno Duque se planteó la urgencia de presentar una reforma que solucione los problemas de déficit fiscal con un recaudo entre 10 y 15 billones de pesos, pero esta vez gravando a grandes contribuyentes. El comité del paro debería facilitar esta iniciativa y levantar ya los bloqueos de vías en tanto se analiza la viabilidad de sus propuestas.