Explicar qué está pasando en Colombia sin sesgos ideológicos, sería un buen ejercicio para hacer un diagnóstico y a partir de allí encontrar soluciones para avanzar como sociedad civilizada.
El 21 de noviembre de 2019 fue un día histórico. Ese día las centrales obreras se citaron para protestar contra las reformas laboral, educativa y pensional y manifestar su acuerdo con el proceso de paz firmado con las FARC en la medida que interpretaban que el gobierno se negaría a implementarlo. La convocatoria persuadió a la población civil, entre estudiantes, profesores, taxistas, transportadores, y muchos otros, que se sumaron a la protesta.
Similar a las marchas del pasado 28 de abril, en ese entonces se dieron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública dejando saldo de muertos, heridos y destrucción de centenares de bienes públicos y privados. Si bien en el 2019 se conformó un escenario de dialogo entre los organizadores del paro con el gobierno, donde se discutió una extensa agenda de temas origen de las protestas, el ejercicio no concluyó, pero sí quedaron compromisos del gobierno para dar respuesta al malestar social.
Una vez que en marzo del 2020 se decretó la pandemia por la OMS como consecuencia del Covid19, Colombia, como la mayoría de países del mundo, prácticamente se cerró con medidas de confinamientos y restricciones a la movilidad generando una recesión económica, esto es, desaceleración del comercio tanto interno como externo, altos niveles de desempleo, aumento de la pobreza extrema, cierre de empresas y comercio. El crecimiento de la economía del año pasado cayó 6.8%.
Cuando eso ocurre, lógicamente las finanzas públicas entran en déficit porque se gasta más de lo que ingresa y el gobierno se ve en la necesidad de tomar medidas para detener el impacto negativo que implica que quienes le prestan plata al país dejen de hacerlo o lo hagan con intereses muchísimo más altos y de otro lado evitar que se ponga en riesgo atender las necesidades sociales a través de subsidios y ayudas humanitarias.
Con ese argumento el exministro Carrasquilla presentó una reforma tributaria, pero, a juzgar por el rechazo generalizado, era inconveniente en las actuales circunstancias y no por la reforma en sí, sino por las fuentes de financiación que pretendía sacar la plata con impuestos a los productos básicos de la canasta familiar y servicios públicos, gravar la renta de personas con ingresos iguales y superiores a 2.5 millones de pesos y a pensionados, despertando tal rechazo en la sociedad que ni el partido de gobierno del presidente Duque quiso apoyar la cuestionada iniciativa.
Duque insistió discutir el proyecto en el Congreso de la República hasta que los manifestantes y los actos violentos de criminales infiltrados en las marchas legítimas se lo impidieron. Retiró la reforma y de paso entregó la “cabeza” del ministro Carrasquilla por el fiasco de no saber leer la irritación social que aún se respira.
Ahora el comité del paro se fortaleció pasando de ser un escenario de dialogo a negociación, dejando en un segundo plano a las instituciones quienes se limitan esperar los resultados para tramitar las propuestas. Con una luz de esperanza por el ligero repunte de la economía al crecer según el Dane 1.1% en el primer trimestre del 2021, el país espera que cese la horrible noche. No hay que pensar con el deseo, más bien aterrizar cuanto nos cuesta la solución y acertar en la determinación de quiénes seríamos los convocados a pagarla.