La marca Electricaribe no trae buenos recuerdos a los costeños, se asocia con constantes molestias por apagones y comunidades enfurecidas protestando y bloqueando vías. Luego de cinco meses desde la entrada de los nuevos operadores Air-e y Afinia, ¿cuál es el balance del esquema de solución adoptado por el gobierno nacional?
Antes de responder el interrogante, es de interés tocar brevemente el tema de las deudas de Electricaribe y de las que dejó el proceso de intervención, punto clave ahora que la Superservicios se apresta a decretar la liquidación de la empresa que aún mantiene vigente su personería jurídica.
Aunque la Nación asumió como deuda pública los 3.9 billones de pesos que el Fondo Empresarial de la Superservicios le prestó a Electricaribe casi en su totalidad durante los años 2019 y 2020 para garantizar la operación y cubrir el déficit de caja como se estableció en la resolución 2378 del pasado 2 de diciembre del Ministerio de Hacienda, el encargado de la liquidación deberá responder además por las acreencias adquiridas antes de la intervención con bancos, generadores de energía y proveedores por valor de 2.5 billones de pesos. En su momento se sabrá si las paga o se declara insolvente.
Ahora bien, en tanto los temas relacionados con el uso de recursos públicos son competencia de los entes de control pues son ellos quienes investigan y determinan si su manejo fue o no transparente, a los costeños lo que les importa, además, es que el servicio mejore y esto depende de que los nuevos operadores hagan las inversiones necesarias en los tiempos acordados. Mejorar la infraestructura toma tiempo y casos como el que enfrentó Air-e la semana pasada en el que la subestación 20 de julio salió de operación, dejando sin servicio a 70 mil familias en Barranquilla y Soledad por más de un día, deja la sensación de que la gestión les quedó grande.
En un reporte parcial por parte de los nuevos operadores se informa que los indicadores de calidad y recaudo han mejorado pero es muy prematuro hacer balances sobre la calidad del servicio, sin embargo es evidente que inversiones de 3.5 y 2.6 billones de pesos por Afinia y Air-e que respectivamente realizarán durante los próximos cinco años, sin duda se verán reflejados en cambios positivos del servicio después del segundo año, pues el monto estimado sería tres veces más del mejor año de inversiones en la infraestructura de la distribución de energía en la Costa Atlántica desde la época de las electrificadoras pasando por los operadores privados: Electricidad de Caracas, Houston Industries, Unión Fenosa y Gas Natural.
La Superservicios deberá garantizar entonces que los operadores ejecuten con eficiencia las obras, tarea técnicamente nada fácil porque no cuenta con la capacidad logística para supervisar el cumplimiento de las inversiones y se ha visto en la necesidad de iniciar un proceso para vincular firmas especializadas en interventoría en el sector eléctrico que se encarguen de hacer seguimiento a los planes de gestión y cumplimiento de cronogramas.
Por ahora hay que confiar en la efectividad y sostenibilidad del esquema de solución planteado por el gobierno, pues hasta hoy no se conoce un plan de gestión del riesgo para enfrentar un suceso inesperado que dé lugar al fracaso de la estrategia, como lo describe Nassim Taleb en su libro Cisne Negro, escenario hipotético, pero desafortunadamente probable, en el que la nación, como ya lo ha hecho, saldría nuevamente a responder.