Falsos Positivos fueron las bajas de los civiles cometidos por algunos miembros del Ejército Nacional, abusando de la potestad de ejercer la acción contundente del Estado. Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados militares exitosos contra las Farc, con el fin de obtener retribuciones económicas, días de descanso, y condecoraciones.
Desde la responsabilidad extracontractual del estado, ello constituye una falla del servicio, pues la fuerza pública en ninguna circunstancia puede atentar contra la vida de personas no beligerantes. El daño antijurídico a los sujetos fue notorio, dado que no tenían el deber jurídico de soportarlo. De allí las condenas resarcitorias en contra de la nación.
Desde la responsabilidad política, es un despropósito acusar a las autoridades administrativas por tan deplorables hechos. ¿A quién medianamente inteligente se le ocurre pensar que estos crímenes de Estado fueron ordenados por el presidente de la república o sus subalternos? ¿Acaso creen que se trataba de una empresa criminal? Y quienes así lo consideran: ¿Cuál es el fundamento para sustentar ese exabrupto?
Ciertamente, un grupo de militares inescrupulosos abusaron de su función pública al acribillar a campesinos para hacerlos pasar por terroristas de alta peligrosidad. Pero lo que no podemos permitir es que la barbarie de unos pocos comprometa la dignidad de la institucionalidad, es decir, del Ejército Nacional y del Gobierno Nacional. Una cosa no tiene que ver con la otra. Así de sencillo.
Debemos hacer dos precisiones: la responsabilidad penal es individual, de manera que los crímenes de militares macabros no comprometen la dignidad de la institución, ni mucho menos al gobierno de turno, dado que el exceso de unos cuantos no configura ni puede configurar la responsabilidad de otros. Y el trabajo bajo presión es una condición sine qua non propia de los militares de vigoroso entrenamiento y alto rendimiento.
Ello quiere decir que, la presión de los altos mandos del gobierno sobre las fuerzas militares para obtener resultados óptimos es el conducto regular en la política de seguridad de Estado. De hecho, ese es el deber inherente de un Estado de Derecho.
No es excusa acribillar campesinos y disfrazarlos de terroristas para ofrecer los resultados, porque la función natural del Ejército Nacional es cumplir con lo requerido por el presidente de la república en calidad de comandante en jefe de las FFMM. La presión por resultados es el deber de la autoridad administrativa. No hacerlo constituye una grave falta, así como una omisión a sus funciones constitucionales.
Es inaceptable que expertos en restar y dividir vengan a decir que los falsos positivos son responsabilidad directa del Gobierno de turno, dado que aquel era vertical al exigir efectividad. Si ese fuese el razonamiento, los funcionarios del ejecutivo central nunca podrían exigir un accionar contundente a las FFMM bajo el pretexto de evitar la comisión de falsos positivos. ¡Así no es la cosa!
Quien en el ejercicio de su función pública infrinja la ley, debe ser sancionado con absoluto rigor. Los militares responsables por los falsos positivos han sido condenados por la jurisdicción ordinaria. Actualmente, hay militares purgando condenas de 30 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales.
La situación va por su cauce. De allí la impertinencia de la JEP. En vez de semejante majadería, ¿Por qué no nos cuenta cuál era la finalidad de permitir la fuga del bandido Santrich? ¿Por qué no nos cuenta cuántas caletas tiene actualmente las Farc sin entregar? ¿Por qué no nos cuenta cuántos casos existen de niñas que fueron violadas y obligadas a abortar con métodos salvajes?
El doble rasero es el ADN de la JEP. En tanto sea así la institucionalidad de Colombia corre un riesgo descomunal.