En diciembre de 2020 se cumplen tres meses de la entrada de los nuevos operadores del servicio de distribución de energía eléctrica en la costa atlántica. Con gran expectativa se recibió la noticia de la salida de Electricaribe, sinónimo de ineficiencia y mal servicio consecuencia de lo que para muchos fue responsabilidad de la empresa española Gas Natural- Fenosa.
Es cierto que se ha pasado una página, pero la historia no ha terminado, por el contrario, después de una transición de cuatro años en los que el gobierno nacional ejerció el control de Electricaribe, hoy en proceso de liquidación, comienza un nuevo capítulo en el que se espera que el servicio mejore por las grandes inversiones en la infraestructura estimadas en más de 6 billones de pesos durante los próximos cinco años que deben desarrollar los operadores EPM y Enerpereira.
Aún sigue sin resolverse el grave cuestionamiento que se le endilgó a los dueños de Electricaribe sobre el deterioro del servicio por ausencia de las inversiones necesarias pues, no existe una sanción de autoridad de control en Colombia como consecuencia de haber demostrado tal responsabilidad.
Recordemos que la toma de posesión de la compañía por parte de la Superservicios, se basó en el riesgo de suspenderse la continuidad del servicio y no como consecuencia de una sanción por una gestión ineficiente como lo establece la ley 142 de 1994 de servicios públicos domiciliarios. El desenlace en torno a la demanda de los dueños de la compañía de energía contra la nación se conocerá una vez se pronuncie el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidad para el Derecho Mercantil (Uncitral) en la que los dueños de la extinta Electricaribe reclaman 1.600 millones de dólares por la supuesta expropiación de la empresa.
Del resultado de esa controversia se determinará quien tenía la razón, si Gas Natural quien solicitaba un incremento tarifario que remunerara las inversiones y de esta manera garantizar la calidad del servicio o el gobierno a través de los ministros de energía de turno quienes argumentaban que no era necesario el incremento en tarifas y que los dueños de la compañía de distribución de energía eran los únicos responsables bajo las condiciones regulatorias vigentes.
Lo cierto es que Electricaribe se fue, pero los problemas siguen siendo los mismos. Obviamente después de tres meses es muy prematuro esperar grandes cambios o mejoras, sin embargo, hay motivos para estar expectantes. La Corte Constitucional acaba de tumbar la sobre tasa de 4 pesos por kilovatio que se venía cobrando a nivel nacional para apalancar pasivos y contingencias de empresas intervenidas, buena parte de los clientes en los siete departamentos de la costa atlántica siguen siendo de difícil gestión, más aún por efecto de la pandemia, el recaudo y las pérdidas de energía siguen por debajo de los porcentajes que históricamente tenía la empresa antes de la intervención y las interrupciones del servicio por su parte siguen muy por encima del promedio nacional.
La Superservicios debe hacer seguimiento a los programas de gestión suscritos con las nuevas compañías operadoras desde el principio para garantizar que mejoren los indicadores de calidad sin esperar que en unos años o tal vez meses -podría suceder- los operadores argumenten lo que en su momento exponían los dueños de Electricaribe y devuelvan el servicio al gobierno y repitamos la triste historia del mal servicio que los costeños conocimos y padecimos. Esperemos que no.