La Contraloría General de la República, ente de control y vigilancia de los recursos públicos, abrió formalmente proceso de responsabilidad fiscal contra 28 personas entre naturales y contratistas por un presunto daño patrimonial en la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango por valor estimado de 4.1 billones de pesos. Por el monto de los recursos presuntamente en riesgo, este es uno de los procesos de mayor importancia de los que históricamente adelanta el ente de control, pero así mismo, al revisar las estadísticas en términos de resultados de investigaciones similares las probabilidades de encontrar responsables y recuperar dineros públicos malversados en realidad son muy bajas.
Estas noticias, sin embargo, logran mover fuertemente los espacios en los medios de comunicación y sobre todo esta, en la que aparecen involucrados Sergio Fajardo quien ha manifestado su interés por aspirar nuevamente a la Presidencia de la República como también los exgobernadores Luis Alfredo Ramos y Aníbal Gaviria.
Es evidente que la cadena de errores en las decisiones de funcionarios por acelerar la terminación de la mega-obra que generaría 2.400 megavatios y el retraso en la entrada en operación ha causado incertidumbre en el sector eléctrico y por su puesto tendencias alcistas en los precios de la energía trasladando estos efectos al usuario final por un desbalance entre la oferta y la demanda. De hecho, en el 2018 Electricaribe tenía amparada el 26 por ciento de su energía en un contrato con EPM que honraría con la hidroeléctrica antioqueña y a causa del colapso del proyecto quedó en parte expuesta a los vaivenes de los precios de la energía adquirida en la bolsa de transacciones de energía en el mercado mayorista.
Según expertos la fecha de entrada en operación del proyecto Hidroituango aún es incierta y es evidente que los costos son superiores a los inicialmente presupuestados pues de 6 billones iniciales ya esa suma supera los 13 billones de pesos. Sin duda un duro golpe económico para la empresa modelo del país quien recientemente se embarcó en el negocio de distribución de energía en cuatro departamentos de la costa atlántica al adquirir la mitad de la infraestructura de la extinta Electricaribe.
Lo que ciertamente es un delicado problema social, económico y técnico el fracaso de la que sería la hidroeléctrica más grande del país, se ha mesclado con las campañas presidenciales al punto de que hay quienes se atreven a afirmar que ese es el verdadero trasfondo de la investigación del ente de control fiscal.
No obstante, es muy compleja la investigación en términos procesales por tantos actores investigados y la dificultad para demostrar la existencia de dolo o culpa grave por conductas presuntamente omisivas y basadas en estudios y soportes técnicos difíciles de controvertir, circunstancias que no le permitirían al actual Contralor Felipe Córdoba concluir el proceso en los dos años que le restan determinando responsables y precisando la cuantía del daño patrimonial.
Entretanto el “corrientazo” de Hidroituango en el escenario político sería tan débil que poco afectaría la aspiración presidencial de Fajardo quien, al igual que los demás implicados, goza de la presunción de inocencia. Su reacción inicial, ha sido que la junta directiva del proyecto ejerció la labor de control y que la construcción estaba a cargo de EPM, es decir que su responsabilidad no es clara y el discurso de la decencia en el manejo de los recursos públicos sería su principal defensa en el transcurso de su campaña presidencial.