Los hechos políticos y económicos en el país desde que se han venido levantando las medidas de confinamiento han tomado una dinámica veloz e impredecible. Las noticias de un día no le restan importancia a la anterior. Los acontecimientos mantienen su vigencia y aumentan la expectativa por sus efectos e impactos.
Dentro de las noticias relevantes de la semana pasada encontramos la orden de la Corte Suprema de Justicia mediante tutela al Ministro de Defensa a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública y en especial por los actos del Esmad durante las protestas del pasado 21 de noviembre, la Corte Constitucional tumba el Decreto de emergencia 811 que le permitía al Estado rescatar empresas, la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de frenar el crédito del gobierno nacional por US$370 millones a Avianca y el anuncio del Presidente de la entrada en operación de Electricaribe por el consorcio de la costa y EPM.
Ciertamente estos hechos mantienen el país en vilo, cada decisión desata controversias y atiza la llamada polarización política en la que se mueve el país. Para muchos el Ministro Trujillo, no acató la orden de la Corte Suprema al no referirse a los hechos del 21 de noviembre y en lugar de ello informó que pedirá revisión de la tutela a la Corte Constitucional sin aclarar si cumplirán dentro de los términos fijados los demás aspectos del fallo que tienen que ver con reformas de la Policía Nacional a su estructura y protocolos.
Se trata de un tema relevante para el futuro de la Policía como institución y puede resultar peligroso resolverlo con la celeridad que impone una acción de tutela, sin embargo, para la oposición, el Ministro ha tomado esta coyuntura para hacer campaña de cara a su aspiración presidencial.
Los palos en la rueda que han recibido los mecanismos para oxigenar empresas no es un tema menor.
Sin duda los argumentos tienen doble lectura. Por qué ayudar a las empresas grandes y no a las micro o pequeñas empresas que son más vulnerables y, desde otra perspectiva, la iniciativa de solventar las empresas estratégicas del país para que estas sean el motor del desarrollo de los sectores reales de la economía.
Estos temas no deben plantear una disyuntiva, hay que actuar en los dos frentes y el gobierno nacional lo está haciendo a través de varios mecanismos de créditos y subsidios, no en vano se han expedido 115 decretos de emergencia.
Si prospera la decisión del Tribunal de frenar el crédito del gobierno a Avianca, sus directivos han manifestado que reducirían su operación. Santa Marta por ejemplo sufriría un fuerte impacto en sus metas de reactivación económica con el recorte de vuelos al Simón Bolívar.
Si bien se han venido abriendo restaurantes, hoteles, actividades turísticas y comercio en general todavía se ven los lugares vacíos y con empleos a media marcha.
El respeto por las decisiones de los poderes públicos es un imperativo, pero en estas decisiones debe primar siempre el objetivo del bien general.
Por último, el tan anunciado ingreso de los nuevos operadores quienes reemplazarán a la controvertida Electricaribe genera esperanza, pero al mismo tiempo incertidumbre y prevenciones, puesto que aún se desconoce los términos de la negociación, en cuanto fue vendida, de cuanto será el aumento de tarifas, cuando mejorará el servicio. En fin, el tema seguirá en la agenda y no solo en una de las tantas noticias de la semana pasada.
