Nuevo POT “Santa Marta 500 años”: ¿Aprobado a la medida de la corrupción de turno?

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Escrito por:

Veruzka Aarón Torregrosa

Veruzka Aarón Torregrosa

Columna: Opinión

e-mail: veruzkaaaron.t@gmail.com

Twitter: @veruzkaaaron


Luego de una prolongada espera y una alta inversión en su proceso de construcción, fue aprobado por el Concejo Distrital, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) “Santa Marta, 500 años”. Esto, que podría haberse considerado como un significativo avance frente a la etapa de incertidumbre jurídica sufrida los últimos años, hoy se percibe por distintos sectores socioeconómicos de la ciudad, como una amenaza para el desarrollo y competitividad del territorio, debido a la discrecionalidad que implícitamente dejan los vacíos técnicos y regulatorios del proyecto de Acuerdo presentado.

La reticencia de los sectores, no ha sido solo frente al contenido del proyecto de Acuerdo, pues, estos denunciaron además, que durante el proceso de construcción del documento, no hubo garantías para la participación y concertación, tal como lo estipula la Ley 388 de 1997, en su artículo 24 [...] Parágrafo: La consulta democrática deberá garantizarse en todas las fases del plan de ordenamiento, incluyendo el diagnóstico, las bases para su formulación, el seguimiento y la evaluación. Como se observa, la norma es clara en exigir la generación de espacios de participación a fin de concertar el interés general, y no ser una simple fuente de validación de resultados mediante registros de asistencia. Si en efecto, dichas disposiciones se violaron, la ciudadanía y/o sectores afectados, deberían estudiar mecanismos para interponer las acciones legales correspondientes.

Respecto al contenido del proyecto de Acuerdo, una vez este se conoció, algunos profesionales y organizaciones, entre estas, Cámara de Comercio de Santa Marta (CCSM) y Sociedad de Arquitectos, expresaron su preocupación por la falta de soportes técnicos -planes maestro de acueducto y alcantarillado, estudios de la gestión del riesgo, planes maestros de servicios públicos, entre otros-, del que sería el nuevo POT. La preocupación radica esencialmente, en que dichos estudios, además de constituir el insumo base para soluciones de problemáticas históricas como la crisis del agua, inundaciones, riesgos del suelo, son asimismo, los determinantes para las directrices de los planes parciales, a los que al parecer quedó sometida gran parte de la gestión del suelo de la ciudad.
De acuerdo con lo estipulado en el proyecto de Acuerdo, dichos estudios deberían estar disponibles, 2 años a partir de la aprobación del POT. Al menos durante dicho plazo, quedaría bloqueada la definición de soluciones para las mayores problemáticas de la ciudad, lo cual resulta absurdo. Esto, sin contar el impacto que este limbo técnico generará sobre la inversión privada.

Dadas estas circunstancias, es oportuno preguntar; a falta de estudios, ¿sobre qué criterios técnicos se tomarán las decisiones de desarrollo y licenciamiento del suelo en la ciudad? ¿Cuál es la fuente financiación definida para contratar los estudios faltantes? ¿Qué pasa si el resultado de los estudios no coincide con lo aprobado en el POT?

Así las cosas, si estas falencias no fueron resueltas, la aprobación del nuevo POT, equivale a que el desarrollo urbanístico de la ciudad quedo a discrecionalidad de los intereses de gobernantes y funcionarios de turno. Esto, además de zanjar una percepción de inseguridad para la inversión privada, resultará en un mayor margen de acción para acuerdos soterrados entre constructores y funcionarios, en los que la gran perdedora será la ciudad. Las proporciones de estas conductas, seguramente estarán determinadas por el grado de complicidad de las autoridades de turno.

Resulta lamentable todo este entuerto, al considerar por un lado la necesidad de eliminar el desequilibrado patrón que determinó el crecimiento urbano de la ciudad durante los últimos años, y por otro, la responsabilidad de asumir con criterios técnicos sólidos, el reto de adaptación del territorio ante la nueva realidad impuesta por la crisis sanitaria.

La ciudad necesitaba un grupo técnico con capacidades para brindar soluciones de fondo a sus problemáticas, y no un grupo de burócratas mercenarios en búsqueda de negocios para favorecer intereses y manejos discrecionales.


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