Amparado en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional alista un nuevo decreto que permite a los operadores del servicio de energía en la costa a partir de 2021 incrementar el valor del Costo Base de Comercialización en un 20% así como el valor del riesgo de cartera en un 3% el cual se podrá mantener hasta por cinco años o hasta que se expida una nueva metodología de comercialización.
En el mes de septiembre de 2019 ya se había aprobado un incremento tarifario para que los operadores favorecidos con la venta de Electricaribe pudieran recuperar las inversiones en la infraestructura con miras a mejorar la calidad del servicio, reconocerles las pérdidas de energía e incrementar en un 3% como mínimo los gastos de administración, operación y mantenimiento
Las prerrogativas para los nuevos operadores, EPM y Consorcio de la Costa, no son solo el aumento en las tarifas de energía en el que los usuarios ponen su cuota de sacrificio, también está la exclusión de los pasivos, encontrarán en marcha inversiones en infraestructura por 860 mil millones de pesos y la disponibilidad de préstamos con tasas de interés del cero por ciento por parte del fondo empresarial de la Superservicios. Estas medidas buscan que el servicio de distribución de energía en la costa mejore la calidad y sea sostenible. Sin embargo, hasta los mismos operadores quienes en marzo participaron en la subasta de Electricaribe, ahora han expresado reparos por el deterioro de los indicadores de pérdida y recaudo como consecuencia de la pandemia.
Gestionar el servicio de distribución de energía de la costa no es igual en el resto del país, la operación en esta región es más compleja. Se enfrenta a factores adversos como la salinidad que hace que la vida útil de sus activos sea menor y las necesidades de recursos para reponerlos aumenten, la dispersión de los usuarios en los 186 municipios de los siete departamentos hace más costosa la operación, el clima aumenta el consumo de energía de los usuarios y encarece el pago mensual lo que dificulta el recaudo y un hecho relevante los altos niveles de pobreza con 350 mil familias en barrios eléctricamente subnormales hacen que los mercados sean de difícil gestión.
Cuando parecía que la solución estaba cerca y todo se alistaba para entregar las llaves de Electricaribe, se presenta la crisis sanitaria y complica las cosas. El gobierno hace sus mayores esfuerzos porque a pesar de las dificultades económicas sabe que no puede permitir que la costa se apague, además de los impactos negativos a la economía también podría alterar el orden público por las reacciones violentas de las comunidades afectadas.
Lo que está en juego es resolver un problema y no salir de el a cualquier precio como si regalar la empresa fuera caro. Es real que los próximos 10 años serán de grandes inversiones estimadas en 10 billones de pesos y la mejora de la calidad del servicio no será de la noche a la mañana sino de manera gradual. Los nuevos operadores no llegarán con la varita mágica para mejorar el recaudo y desaparecer los problemas de pérdida de energía, deben tener claro cuáles son los riesgos que asumen como inversionistas, nadie los está obligando al punto que antes del 30 de septiembre podrían retractarse, de no hacerlo es porque consideran que Electricaribe en las actuales condiciones es un buen negocio.