En la columna pasada, titulada como la presente, señalamos la inconveniencia de reformar la justicia mediante Asamblea Nacional Constituyente. Allí, consideramos que ello era un despropósito por cuanto dicho instrumento debe utilizarse para reformar la Constitución de 1991 en su totalidad, y no meras partes de la misma. Ello teniendo en cuenta que no es únicamente el aparato jurisdiccional el que está maltrecho, sino también los derechos fundamentales y el sistema político colombiano.
Verbigracia, es descomunal la ineficacia de los principios constitucionales consagrados en la Carta Magna. Tanto más, no siendo menos grave, la figura de la descentralización administrativa nunca se puso en marcha dado que no ha habido real autonomía de los entes territoriales, principalmente, en diversos temas que, son de su estricta competencia, lo cual ha sido un penoso límite del diseño constitucional planteado por el constituyente de 1991.
Por lo antecedente, consideramos que el único camino viable acá es reformar plenamente la Constitución de 1991, porque la misma falló, y no pasó la prueba. Pareciere un exabrupto, pero es menester pensar en una nueva Carta para Colombia. Ahora bien, no sobra aclarar que un cambio de dicha naturaleza no puede provenir exclusivamente de una fuerza política, sino que debe requerir de un gran acuerdo nacional que, desde ahora, debe convocar y liderar el presidente Iván Duque en su calidad de jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa.
Así pues, mi propuesta es clara: el presidente Duque debe convocar- antes de finalizar su mandato- un gran consenso nacional en el que se incluyan a todos los ciudadanos, entre estos, a los académicos y juristas de las más altas calidades, quienes, previamente, deberán encargarse de guiar a todas y cada una de las fuerzas políticas colombianas en la construcción de las bases para llevar a cabo una plena reforma a la Constitución de 1991. Y esto debe hacerse antes del 2022.
Lo propuesto, indiscutiblemente, debe ser concertado, porque además de los ciudadanos colombianos, una reforma de esta naturaleza no puede provenir de una sola colectividad, sino que, también resulta fundamental contar con la participación activa de todas las colectividades existentes en nuestro país. Luego, tenemos certeza de que no sería tarea fácil convencer a la academia de participar en ello, porque se trata de un asunto que aquella ha soslayado durante más de una década, aunque, a título personal, estoy convencido que de darse el llamado del presidente Duque ello sería una realidad.
Si bien, es cierto que reformar la justicia mediante referendo es una alternativa viable, pero insisto: el problema no es sólo el aparato jurisdiccional, sino otros aspectos ya mencionados en esta columna, los cuales han puesto en riesgo la gobernabilidad y el bienestar de los ciudadanos. A ello también debemos ponerle la atención requerida para proceder de conformidad. Un proceso para una constituyente puede tardar un año y medio; aún estamos a tiempo sí se actúa con diligencia. Todo es cuestión de voluntad política.
Adenda: En este país la politización de la justicia hizo tanta metástasis que, sin pudor alguno, el magistrado José Luis Barceló aparece en medios de comunicación de sobrada influencia arrojando toda suerte de sandeces en contra de Álvaro Uribe, su otrora investigado. El magistrado Barceló asume un comportamiento burdo, como si aquel fuese un político. Objetivamente, ¿Habrá garantías procesales para Uribe en aquel tribunal?