He advertido en múltiples espacios que el país requiere una reforma sustancial y estructural al sistema jurisdiccional. Tanto más cuando de manera constante la realidad nos lo demuestra. Pero, adelantar este megaproyecto acarrea innumerables dificultades, porque en primer término las Cortes no tienen voluntad de auto-reformarse, de manera que, si el congreso tramitare dicha reforma, la misma se hundiría en los anaqueles de la Corte Constitucional.
Está decantado que los magistrados del alto tribunal no querrán desprenderse de las funciones omnímodas que les permite intervenir en lo divino y en lo humano. En segundo término, considero que pensar en una asamblea nacional constituyente para reformar únicamente el aparato jurisdiccional es un despropósito monumental, en la medida en que, el conducto regular es hacer uso de dicho instrumento para reformar la constitución en su totalidad y no meras partes de la misma.
No me agrada, como quisiera, la Constitución de 1991, empero, no hay actualmente en Colombia una sola fuerza política idónea para reformar integralmente la misma; primero, porque cada colectividad representa exclusivamente sus intereses políticos, y, segundo, porque no cuentan ni con la preparación suficiente, ni mucho menos con la probidad debida para adelantar un megaproyecto de tamaña envergadura. Crear una constitución, más que un simple asunto político, es un asunto jurídico que exige la intervención de los más excelsos académicos, juristas y tratadistas nacionales, los cuales per-se deben conocer la realidad jurídica del país, a fin de adaptar acuciosamente la Carta Política a las necesidades de todos los colombianos, y no de unos pocos.
La Constitución de 1991, según la visión del profesor Ricardo Zuluaga Gil- un reputado constitucionalista antioqueño- cumplió con su papel durante los primeros diez años, como quiera que, posteriormente, se deterioró por el oportunismo, la demagogia y el populismo de la Corte Constitucional, así como de diversos sectores políticos que comenzaron a reformarla hasta convertirla en una colcha de retazos, cuyos resultados contribuyeron al padecimiento de una Carta inviable e insostenible económica, jurídica, política y socialmente.
A la postre, comenzamos a padecer graves desastres, tales como evidenciar que en la parte orgánica no sólo es el sistema jurisdiccional el que está putrefacto, sino también el sistema político, el cual, dicho sea de paso, no es que esté muy bien que digamos. Verbigracia, la figura de la descentralización administrativa nunca se puso en marcha, porque hasta ahora no ha habido ni la más mínima autonomía de las regiones, sino excesiva sumisión al ejecutivo central en temas cruciales como la Minería, entre muchos otros.
Adicionalmente, la realidad de los derechos fundamentales en Colombia es paupérrima y patética, pues solo basta revisar la efectividad de los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda digna o a la libertad personal tratándose de detenciones arbitrarias e ilegales. Encontramos excesiva utopía, pero poca eficacia en la normativa constitucional. Ahora bien, ¿Por dónde podríamos salvar la Constitución de 1991? Por la retórica de la Corte no lo creo, y, por sus sentencias kilométricas mucho menos. Ello es sencillamente risible porque, jurisprudencia ineficaz para enmarcar es lo que le sobra a Colombia. Luego, el asunto es de fondo, toda vez que el país requiere de una Constitución real, efectiva, palpable, y tangible que le llegue al pueblo para transformar las tristes realidades que lo aquejan.
¿A dónde quiero llegar con lo expuesto? A que analicen el llamado de un simple ciudadano como yo, para que comprendan que no podemos concentrarnos únicamente en reformar el aparato jurisdiccional mediante asamblea nacional constituyente, mucho menos para atacar una medida desproporcionada de un alto tribunal, porque así nos cueste reconocerlo, ello no es pertinente.
Nota: propondremos la salida a este problema en la próxima columna.