Hidroituango y Electricaribe

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Javier Lastra Fuscaldo

Javier Lastra Fuscaldo

Columna: Opinión

e-mail: javierlastra6@hotmail.com

Twitter: @JLastraFuscaldo


Con desconcierto se recibe la razón de la renuncia colectiva de los miembros de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín EPM justificada en que ellos no fueron consultados por parte del alcalde Daniel Quintero de la billonaria reclamación judicial que emprendió contra los contratistas del mega proyecto hidroituango por incumplimientos en la ejecución de las obras.

El retraso de la entrada en operación de esta importante hidroeléctrica, así como sus implicaciones técnicas y operativas, en principio parece solo un problema de los paisas, sin embargo, sus efectos colaterales tocan aspectos sociales, económicos y ambientales en el país.

Por una parte, genera graves repercusiones en el ecosistema y en las comunidades ribereñas tanto por el alza como la disminución de los niveles de los ríos Cauca y Magdalena en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico, lo que ha conllevado a EPM a indemnizar familias luego de difíciles procesos.

Segundo, con el traspié sufrido por el proyecto hidroeléctrico, el país ha dejado de recibir 2400 megavatios de energía eléctrica previstos por la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME para satisfacer la demanda sobre todo en el 2022, año en el que la oferta de generación dejaría de ser suficiente y cuyos efectos se verán reflejados en tendencias alcistas en las tarifas de energía del país.

Por último, no hay que subestimar la incertidumbre que esta situación genera en el servicio de distribución y comercialización que prestaría EPM en cuatro de los siete departamentos de la Costa por la reciente compra de la mitad de los activos de Electricaribe y su obligación de invertir en la deteriorada infraestructura.

Sin detenernos en la discusión sobre quiénes tienen la razón en los problemas al interior del gobierno corporativo de EPM, si los connotados miembros de la junta directiva o el alcalde que viene mostrando altos índices de popularidad, lo cierto es que la situación que se ha presentado con el truncado proyecto, perjudica las finanzas de la compañía como lo ha expresado la calificadora Moody’s Investors Service quien mantiene la calificación de la empresa con perspectiva negativa al igual que la calificadora fitch Ratings.

Según lo ha manifestado el propio alcalde de Medellín, la reclamación era necesaria y fue estimada en 9.9 billones de pesos considerando el daño emergente y lucro cesante, sin embargo, al entrabar un litigio se paralizan las obras y por ende se atrasan los tiempos para la entrada en operación de la hidroeléctrica. Definitivamente no es un problema fácil de superar en el corto plazo, pero, aunque confiemos en que el empuje paisa es garantía para ver luz al final del túnel, no hay que olvidar que las inversiones que requiere la infraestructura de Electricaribe durante los próximos 10 años en los departamentos que operará EPM ascienden a los 5 billones de pesos.

Ante el panorama de litigios y confusión en el modelo de administración de la compañía antioqueña, el ambiente no es el mejor para acudir con éxito al sistema financiero y conseguir recursos frescos para colocarlos en la operación de Electricaribe que iniciaría en octubre, cuando en paralelo enfrentará el albur de un litigio que apenas comienza y que por antecedentes se sabe que, en donde interviene el Estado, los demandantes a veces terminan siendo los demandados y perdedores. Si bien hay un contrato de compra firmado, EPM aún tiene la oportunidad de decidir si le hace frente o no, al mismo tiempo, a estos dos enormes problemas.


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