La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un organismo propuesto por los terroristas de las Farc e instituido por un conjunto de magistrados mayoritariamente adepto al Gobierno Santos, así como a posturas afines a la izquierda recalcitrante, está, como se esperaba, padeciendo innumerables cuestionamientos.
En tanto los magistrados de ese bodrio- fanáticos a la izquierda de pupitre- desatiendan el clamor de las víctimas y del pueblo colombiano, y, no nos cuenten detalladamente que ha sucedido con los niños raptados, con las mujeres violadas- masacradas, y, con las caletas y rutas del narcotráfico de Farc, resultará imposible pensar en el tal “posconflicto”, pues hasta ahora no ha habido verdad, justicia, reparación, ni mucho menos garantía de no repetición. Contrario sensu, padecemos una proporción reducida de criminales impunes, disfrutando ilegítimamente en el Congreso de la República de las mieles del poder. ¡Qué vergüenza!
Los bandidos que hoy posan de honorables en el Congreso son los mismos que se burlan de las víctimas, en tanto la JEP ignora sus peticiones. Asimismo, marcan su indiferencia pisoteando el deber moral de responder a la verdad, el cual les asiste por su despreciable condición de verdugos. Así han procedido los cabecillas de Farc incrustados en el Senado. Lo cuestionable es que la JEP no hace absolutamente nada porque, dicho tribunal, inmerso en la parcialidad, se ha preocupado más por igualar a las víctimas con los victimarios que trabajar por la verdad, la justicia y la reparación, necesarias en un Estado de Derecho.
Siendo ello grave, tanto más lo fue la liberación por parte de la JEP al narcotraficante Jesús Santrich, quien, actualmente se encuentra prófugo de la justicia, y, consolidando sus proyectos criminales bajo el patrocinio de Venezuela. De la misma manera, preocupó muchísimo en su momento la nómina paralela de ese pseudo tribunal, pues en 2019 fueron gastados $43.000 millones en supernumerarios y funcionarios temporales para ese adefesio. Lo que nos demuestra que además de ser un colectivo parcializado y diseñado por la izquierda, también se ha convertido en un barril sin fondo en el que se despilfarran dineros públicos.
Ahora lo grave del asunto es que adicional a lo mencionado, observamos que la JEP ha pretendido atribuirse, ilegítimamente, la potestad de considerarse superior a las demás jurisdicciones; y ello de manera abierta e indeterminada. ¡Qué peligro las ínfulas de ese parapeto!
Por ello resulta de vital importancia realizar algunos cuestionamientos a la JEP, como, por ejemplo: ¿Cuánto dinero le ha costado al Estado colombiano su funcionamiento? ¿Cuál ha sido el número de casos que han resuelto efectivamente desde su creación? ¿Debido a su labor, cuántas víctimas han logrado verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición? ¿Según los resultados de su gestión, valdrá la pena continuar financiando su estructura y funcionamiento? ¿Es la JEP eficiente, efectiva y eficaz o su lentitud es peor que la del sistema jurisdiccional ordinario?
Adenda: Es menester efectuar una evaluación exhaustiva al funcionamiento, a la eficacia, a la eficiencia, y, a la efectividad de la JEP, pues son muchos los interrogantes que la ponen en entredicho. Ante este panorama hay dos alternativas: suprimirla o reformarla sustancialmente.