La justicia espectáculo es un asunto de vieja data en Colombia, pues la necesidad incesante de protagonismo desmedido de las autoridades judiciales no ha tenido límites morales, ni mucho menos normativos. Sujetos inescrupulosos han hecho lo que les place, en tanto abusan de las potestades conferidas por sus cargos.
Infortunadamente, esto ha ocurrido no sólo en el aparato jurisdiccional, sino también en otras instituciones de suma relevancia para la democracia colombiana. Verbigracia, la Fiscalía General de la Nación, institución que padeció un sesgo desmesurado, como quiera que su penúltimo fiscal fue un repugnante bandido con agenda política cuya ética profesional estuvo, siempre, plagada al servicio de los más oscuros intereses.
Ese burdo periodo en la Fiscalía General (2012-2016) de ingratísima recordación para la historia colombiana, se caracterizó por el pillaje de un fiscal que estaba al servicio politiquero del gobierno de turno. Aquel fiscal llamado Luis Eduardo Montealegre y su lacayo segundón llamado Jorge Fernando Perdomo, corretearon a través del macabro ejercicio de sus cargos a sus más férreos opositores; ello, siguiendo las órdenes de Juan Manuel Santos, pues nunca cesaron por parte de la fiscalía las persecuciones consumadas en contra de sectores políticos adversos a las intenciones corruptas del exmandatario.
En aquella época, el entramado criminal que se organizó en la Fiscalía General fue obsceno, toda vez que allí involucraron a todo tipo de sujetos, incluyendo a periodistas de bolsillo como Natalia Marlene Lizarazo Tocarruncho, entre otros, quienes fueran los beneficiarios de multimillonarios contratos adjudicados a dedo por Montealegre para que estos mantuvieran una buena imagen de la institución que él reiteradamente corrompía con sus repugnantes actuaciones. Sobre ello siempre nos hemos preguntado: ¿Por qué sobre las irregularidades en dicha contratación pública no han investigado los presuntos crímenes de Montealegre?
No siendo menos grave, vale la pena recordar el montaje asesino que organizaron en 2014 (segunda reelección presidencial financiada con dinero mafioso de Odebrecht) para aniquilar el buen nombre y la moral del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, el cual fue presuntamente orquestado por Juan Manuel Santos y avalado por Eduardo Montealegre. También nos preguntamos: ¿Por qué sobre este burdo montaje no han investigado los presuntos crímenes de Santos y de Montealegre? ¿Cuál es la respuesta de Montealegre ante su presunta complicidad en este crimen? ¿Por qué no le responde al país?
Adenda: En vez de andar señalando con el dedo acusador, Eduardo Montealegre tiene que responder a la opinión pública, al menos, por los dos cuestionamientos que en este espacio le he realizado. Hasta ahora no lo ha hecho, entonces: ¿Con qué autoridad moral acusa a quienes tienen el coraje de confrontarlo? Reza un adagio popular que, el ladrón juzga por su condición.