El Plan de Desarrollo Departamental (PDD) “Magdalena Renace” soporta sus fuentes de financiamiento mayoritariamente en recursos de la nación. Llama la atención que de 3.9 billones la administración propone incrementarlo a 5.7 billones. El plan plurianual de inversión contempla proyectos por 1.5 billones de pesos, recursos sujetos al éxito de la gestión que se adelante por parte de la Gobernación durante el cuatrienio, es decir habría un marcado desfinanciamiento.
Los ejes estratégicos del PDD están soportados en hacer una revolución en materia de equidad, productividad, sostenibilidad y gobernabilidad. Empezando el proceso hacia la aprobación por parte de la Asamblea Departamental, el proyecto del plan desconocía la relevancia del sector productivo, lo que generó la inmediata reacción de sus miembros. Luego de varias e intensas reuniones se han introducido los ajustes necesarios y se ha determinado la importancia de relievar los sectores como la palma, el banano y ganadería para pequeños y medianos productores.
Las políticas públicas para que se traduzcan en obras reales para los habitantes no pueden construirse con el deseo. Intentar una revolución en los sectores sociales con impacto en la disminución de la pobreza y la generación de bienestar se requiere, más allá de la voluntad de los gobernantes tener claramente definido los propósitos y las fuentes de financiación, de lo contrario se reduciría en alimentar esperanzas y luego, desengaños. Como diría el escritor Chileno Patricio Fernández, que en Cuba y en Venezuela los pobres le sirvieron a los pobres más a la revolución que la revolución a los pobres.
Las aspiración de adelantar las revoluciones sectoriales establecidas en el PDD, no desconoce la desaceleración de la economía colombiana. El documento cita un análisis de la CEPAL que estima una disminución del -2.6%, cifra que en la realidad está muy por debajo de las estimaciones de centros de estudios del pais cercanas al 8%. Sin embargo, existe un claro propósito de aumentar el tamaño de la estructura orgánica de las instituciones públicas del departamento y se determina que para “habilitar” las cuatro revoluciones se hace necesario la creación de nuevas secretarias de despacho y empresas públicas.
La creación de una empresa departamental de servicios públicos multipropósitos como lo propone el PDD del tipo Empresas Públicas de Medellín es una apuesta que podría ser interesante para satisfacer mercados de difícil gestión pero solo si cuenta con fuente de financiamiento suficiente para subsidiar la operación pues no hay que olvidar que por el elevado nivel de pobreza de los municipios del departamento le resultaría imposible financieramente subsistir con el solo cobro de tarifas lo que podría ser un salto al vacío. Solo basta ver la experiencia de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, que si bien cuenta con un mercado interesante, actualmente se encuentra en quiebra y sin prestar un servicio público eficiente.
Hasta ahora los entes territoriales llevan seis meses de los cuales cuatro de ellos concentrados en enfrentar la pandemia y prematuro sería dudar de las capacidades del equipo de la gobernación para adelantar gestiones de consecución de recursos en el país o por fuera de las fronteras para desarrollar las obras contenidas en el PDD en proceso de aprobación pero no hay que perder de vista que el periodo de gobierno es de cuatro años y no se trata de crear empresas públicas y agrandar el tamaño del Estado y que al poco tiempo colapse pues este no es el sentido de una verdadera revolución.