La cruzada conservadurista (y 3)

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Carlos Payares González

Carlos Payares González

Columna: Pan y Vino

e-mail: carlospayaresgonzalez@hotmail.com



Según San Agustín, la sexualidad posee un "fin virtuoso", que es la procreación, y un "fin aberrante", que es la búsqueda del placer. La represión de la sexualidad se funda, pues, en esta alternancia, en este doble carácter de "goce" y "deber", los cuales se excluyen deliberadamente. El primero es considerado como una desnaturalización de la unión carnal en beneficio del placer; mientras que el segundo, ordena la unión sexual en la dirección de un mandato divino. Lo anterior sirve para señalar que el control y la represión de la sexualidad y de la libertad individual se forjan en nuestro tiempo a partir de una matriz epistémica-discursiva de la Edad Media. De esta manera lo religioso no es sólo una creencia (como debe ser) sino un vasto sistema de vigilancia y control ejercido sobre la voluntad de las personas. Una pastoral que intercepta lo religioso con lo político desencadenando mecanismos y dispositivos de intolerancia y persecución.

Hace unas cuantas semanas, José Darío Salazar (defensor a ultranza de la obra de Uribe Vélez), presentó, en nombre del Partido Conservador, ante el Parlamento Colombiano sendos proyectos sobre temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el uso de drogas. Un partido que naufraga en medio de una serie de escándalos de corrupción que le quitan autoridad para liderar contrarreformas con tinte moralizante. En escándalos como el de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Superintendencia de Notariado, la parapolítica, la yidispolítica, Agro Ingreso Seguro, entre otros, siempre figuran en primera fila connotados representantes del Partido Conservador. El mismo Salazar, presidente del Directorio Nacional del Partido Conservador, está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por haberse hecho a un motel en Cali, en condición de depositario de la Dirección Nacional de Estupefacientes (Resolución 1037 del 10 de agosto de 2009), un negocio que precisamente se lucra del sexo como goce, donde se debe haber concebido más de un niño no deseado. El fanatismo religioso llevó también a Salazar a defender en la radio los embarazos productos de violaciones. Y, en este caso, si la madre no lo quería criar, debería entregarlo entonces en adopción.

Con la propuesta de reversar la decisión de la Corte Constitucional para aquellos casos extremos donde es permitido el aborto, se sigue considerando a la mujer como un ser minusválido, al que se le violan sus derechos fundamentales tales como la dignidad, la autonomía reproductiva y el libre desarrollo de la personalidad. Este proyecto está respaldado por cinco millones de firmas, recogidas por los conservadores, el Opus Dei, y la Iglesia Católica. El proyecto también es avalado por el secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan Vicente Córdoba, y el procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez. Este último ha llevado al Congreso una propuesta dándole un alcance amplio a la objeción de conciencia que les permite a los hospitales y notarías desconocer los fallos de la Corte Constitucional sobre eutanasia, aborto y derechos de la población LGBT.

La iniciativa de volver a penalizar el aborto en los tres casos de excepción aprobados por la Corte Constitucional, será una sentencia de muerte para miles de mujeres que quedarán acorraladas por el fanatismo religioso (que también niega una verdadera educación sexual) y sin protección por parte del Estado. Lo que se busca es religionizar al Estado para que se homologue el pecado con el delito. Como en los viejos tiempos del Medioevo.



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