La luz en la costa, apague y…

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Escrito por:

Javier Lastra Fuscaldo

Javier Lastra Fuscaldo

Columna: Opinión

e-mail: javierlastra6@hotmail.com

Twitter: @JLastraFuscaldo


El pasado 24 de junio un estallido de un transformador de una línea de transmisión de ISA a la altura de Sabanalarga Atlántico dejó sin luz desde las dos y media de la tarde hasta pasadas las nueve de la noche a cinco Departamentos de la Costa. Ante hechos como este, el imaginario de los habitantes es responsabilizar a Electricaribe, pero en esta ocasión la empresa intervenida estuvo libre de `pecados’. Dos días después sin que esta haya sido la causa, renunció la Ministra de Minas y Energía. Pero el titular no se refiere a estos hechos.

Mi columna del 25 de mayo publicada en este medio de comunicación la titulé `Peligra la venta de Electricaribe’. Las razones de esa afirmación se soportan en que además de la crisis financiera en la que se encuentra la empresa, se agravó por los efectos de la pandemia Covid-19, de hecho, existe una cláusula contractual para que los nuevos operadores puedan arrepentirse del negocio sin asumir sanciones, sin embargo, el traspaso de la empresa intervenida y los nuevos operadores continúa su curso y el Gobierno Nacional entretanto sigue girando recursos a la intervención para evitar que la costa se apague.

El proceso de intervención de Electricaribe si bien fue necesario ha salido muy costoso. Los costos asumidos por el Gobierno durante el proceso de intervención supera los 4.5 billones de pesos, el Gobierno Nacional con la férrea voluntad de solucionar de manera estructural este problema no ha tenido reparos para hacerse cargo del pasivo pensional, del déficit mensual de caja y de las inversiones en infraestructura, facturas que difícilmente le pagarán.

Lo cierto es que se prevé que este proceso para el Gobierno no acaba con la entrega de las llaves como lo llama la Superintendente. De hecho, si se logra la transferencia de activos a los nuevos operadores, el Gobierno Nacional por un lado seguirá subsidiando las tarifas a los clientes de estratos 1,2 y 3 y por otra parte seguiría subsidiando a los nuevos operadores. Todo indica que así será. Según el reciente Decreto Legislativo 809 de 2020, con cargo a los recursos del Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico, el Fondo Empresarial de la Superservicios podrá otorgar créditos a la empresa aún en manos de privados a una tasa del cero por ciento. Esa medida, si bien estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 podría extenderse obligatoriamente en caso de ponerse en riesgo la continuidad por el prolongamiento de la emergencia sanitaria.

Para los nuevos operadores privados no todos los agentes financieros tendrán la chequera lista para otorgar créditos, recordemos que hay un normal nerviosismo de los bancos no solo por las circunstancias de la emergencia sanitaria sino también por la deuda de 1.8 billones de pesos que adquirió la compañía antes de la intervención la cual nunca será honrada.

Quedó demostrado que gestionar el mercado de la distribución de energía eléctrica en la Costa no es tarea fácil. Del total de los 2.7 millones de clientes el 89% se ubican en los tres primeros estratos y en familias de bajo nivel de desarrollo, pero estos sólo aportan el 32% de los ingresos, situación que se agrava por el Covid-19.

De tal manera que, independientemente de la naturaleza pública o privada del operador, la sostenibilidad de este negocio, por lo menos en el mediano plazo, dependerá de la premisa de que el Gobierno Nacional acompañe con recursos la prestación del servicio, pues la distribución de la energía eléctrica es inherente a la finalidad social del Estado como reza la Constitución, sin esta premisa, definitivamente, apague y...


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