Insolvencia económica y planes de salvamento

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Escrito por:

Javier Lastra Fuscaldo

Javier Lastra Fuscaldo

Columna: Opinión

e-mail: javierlastra6@hotmail.com

Twitter: @JLastraFuscaldo


La Superintendencia de Sociedades en documento del pasado 14 de abril indicó que hasta diciembre de 2019 tramitaba 2.700 procesos de insolvencia en todo el país, representados en $49 billones en activos. En el mismo informe estimó que ante la emergencia del Covid-19 en un escenario de caída del PIB por cada 1.9% por lo menos 2600 empresas en su mayoría pequeñas y medianas estarían en riesgo de insolvencia y acudirían a procesos concursales.

Predicciones pesimistas de empleo presentadas por gremios y centros de estudios se quedaron cortas tanto en cifras como en tiempos de ocurrencia. El De en su último reporte indica que el desempleo a cierre de abril alcanzó el 19.8% indicador que permite prever que sería mayor el número de empresas que se acogerían a procesos de insolvencia.

En el marco del estado de emergencia económica, el Gobierno Nacional en el mismo mes de abril expidió como medida transitoria de dos años el Decreto Legislativo 560 con la finalidad de propender por la recuperación y protección de las empresas como unidad de explotación económica y fuente de generación de empleos. La norma acelera plazos, redefine competencias en los procesos de insolvencia económica, establece figuras de salvamento y auxilios tributarios en renta e IVA. A partir de la implementación del Decreto los promotores de los acuerdos de reorganización serán designados por las cámaras de comercio.

Declararse insolvente, mas que una alternativa, es el camino obligado para aquellas empresas ahogadas en deudas y sin liquidez para honrarlas como consecuencia de la crisis sanitaria.
A los empresarios por razones obvias no se les exigirá mayores protocolos para demostrar las causas de su crisis y podrían hacer uso de los mecanismos previstos en el Decreto Legislativo para llegar a acuerdos no solo con los agentes financieros sino con otros acreedores que en muchos casos son pequeños empresarios quienes también están en similares circunstancias de insolvencia y al final se beneficiaría toda la cadena. De hecho se le permitirá a las empresas pagar por fuera del acuerdo de acreedores pequeñas deudas que no superen el 5% del monto total del pasivo.
Parar el `taxímetro’ de los intereses financieros y el crecimiento del saldo en rojo es el primer objetivo. A partir de allí se derivan una serie de posibilidades para que las empresas puedan reestructurar deudas, seguir operando y evitar en la medida de lo posible la dura alternativa de liquidarse permitiendo que sus pasivos y bonos de riesgo puedan capitalizarse.

Los pactos de deuda sostenible y la obtención de créditos por parte de los mismos acreedores financieros, son dos herramientas fundamentales para que la empresa reactive sus operaciones. Por una parte puede cerrar el acuerdo sin la obligación de presentar un cronograma de pagos sino cuando tenga la certeza de poder cumplirlos y de otro lado tiene acceso a capital fresco como dinamizador de su actividad que podría complementar con las ayudas del gobierno a los pagos parciales de nóminas.

Descargar pasivos es otra de las valiosas posibilidades de los empresarios. Si el pasivo del deudor es superior a su valoración como empresa en marcha, en el acuerdo de reorganización se puede disponer de su descarga con la aceptación del 60% de los acreedores, siempre y cuando no afecte a los trabajadores ni pensionados. En este punto es muy importante revisar el privilegio de los acreedores financieros con garantías inmobiliarias puesto que este hecho podría ser el palo en la rueda de un acuerdo equitativo.

El sector real de la economía se impacienta por la expedición de la reglamentación de este instrumento legal, el cual se basará en lineamientos de Confecámaras. Entre tanto es urgente que los empresarios se preparen para la reorganización. A partir del día que se expidan las reglas, iniciaría una avalancha de solicitudes de procesos de insolvencia a la luz de la norma de emergencia, mecanismo que sin duda ayudará a reactivar nuestra golpeada economía guardando la esperanza de recuperar rápidamente los empleos perdidos o por lo menos mitigar su destrucción.


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