Llegó la hora de hacer lo que tocaba, el confinamiento de la población por un número de días que ojalá no se tenga que extender lo cual es bastante probable. Se espera que esta medida permita frenar la dinámica que hasta ahora tiene el Convid 19 en nuestro país que ya registra un número de 198 casos identificados. El apoyo al sector en sus múltiples necesidades tiene que provenir del gobierno con el apoyo del sector privado como ha sucedido en Antioquia, donde los empresarios ya hicieron importantes aportes a hospitales de Medellín.
Mientras esto sucede, la crisis social que ya empieza a suceder o se aborda desde este momento, porque se ha debido prever desde antes, o las consecuencias pueden ser irreversibles y desastrosas para amplísimos sectores de la sociedad. Para los sectores pobres que representan el 27% del país, el gobierno tiene instrumentos como todos los subsidios que desde hace tiempo les están asignado a las familias, a los jóvenes, a los ancianos.
Los vulnerables, 39%, son aquellos que ya superaron la línea de pobreza pero que para sorpresa de muchos, no pudieron llegar a ser parte de las clases medias. La definición más clara de su situación que ya empieza a hacer carrera es que tienen una alta probabilidad de volver a caer en la pobreza si se deteriora su entorno o las condiciones de su trabajo que es precario, día a día. Sin duda requieren ingresos de manera urgente para comer, para sus necesidades básicas pero cómo se les envían es la pregunta de fondo. Su apoyo financiero es el gota a gota con intereses muy superiores a los de usura, pero no tener dinero para sus actividades tiene un costo infinito.
El tercer grupo son los microempresarios que entraron al sistema financiero, 2,9 millones atendidos por el sector formal (Bancos, cooperativas, ONGs, etc.). Ellos tienen un doble problema: su negocio se mueve día a día, la mayoría son mujeres muchas, cabeza de familia y sus actividades prioritarias son comercio, ventas ambulantes, y labores agrícolas en el campo. El problema de este sector es doble: por un lado las personas tienen las mismas dificultades que los vulnerables, no tendrán ingresos para sobrevivir pero además no pueden cancelar sus créditos y menos adquirir nuevos recursos. Las instituciones de microcrédito necesitan apoyos especiales del gobierno probablemente distintos y más generosos de aquellos que les ofrece a la banca comercial. Si no se apoya este sector de la banca y no se garantiza también la súper vivencia de este grupo, el costo social también puede sea irreparable. Entre otras, si la banca no puede seguir apoyándolos, volverán a engrosar las filas de los explotados por el crédito cuenta gota lo que garantiza su permanencia en niveles de vulnerabilidad y pobreza, cuando no indigencia.
Estos difíciles retos sociales que fácilmente implican garantizar la supervivencia de más del 50% de la población, deberían ser parte de la agenda que las instituciones públicas responsables de la calidad de vida de los colombianos, deberían estar estudiando, explorando alternativas, dialogando con las cadenas de alimentos y medicinas y con la Superintendencia Bancaria, Planeación Nacional y Hacienda. Pero como se parte de la idea simplista de que solo se tiene que atender a los pobres, los demás, realmente están en el aire con la fórmula de buena fe pero simplista del presidente Duque, quien ha planteado que cada familia pudiente adopte otra que no lo es.
Como las demandas de recursos son infinitas los sectores que tanto tienen no pueden dejar pasar este momento y mostrar que están listos para poyar semejantes retos que enfrenta la sociedad colombiana. Lo primero es claro que el mismo gobierno debe dejar en claro lo que no permitirá que suceda como los despidos masivos de trabajadores que se están denunciando. Cuando se justifique que seguramente será casi siempre, las ayudas a las empresas tienen que exigir mínimo ese compromiso de quienes las reciban. Es realmente grave que estas preocupaciones no estén en la mente de quienes tienen la responsabilidad de manejar esta crisis y de aquellos que pueden asesor al gobierno.