No demoran los muy conservadores en atacar a nuestra Corte Constitucional acusándola de estar legislando y de usurpar funciones reservadas al Congreso de la República, esgrimiendo que la Corte sobrepasa el carácter positivo de nuestro sistema legislativo. Pero jamás dicen, y es lo que en realidad debería alarmarnos y llevarnos a debate, es que en el Congreso impera una pereza legislativa frente a temas como la despenalización del aborto o los derechos de parejas homosexuales.
Han pasado casi 20 años desde que el Congreso expidió el Código Penal dejando el aborto como una conducta punible en todos los casos. Y completamos casi 14 años desde que la Corte Constitucional, con su revolucionaria Sentencia C-355 del 2006, eliminó el carácter absoluto de la sanción penal del aborto, admitiéndolo en tres casos: cuando el embarazo representara un peligro para la vida o salud de la mujer, por malformación del feto que hiciera inviable su vida, o cuando el embarazo fuera producto de una violación o acto sexual sin consentimiento de la mujer.
Significa que han pasado cuatro generaciones de congresistas, o sea, más de mil legisladores, desde que la Corte falló sobre el tema, pero el Congreso ha sido incapaz de legislar sobre el aborto aun cuando ha transcurrido más de una década. ¿Culpa de la Corte? Enhorabuena la Honorable Corporación ha frenado la impericia legislativa impresa en un tipo penal que es un verdadero disparate jurídico. Y lo es, porque no está claro que el bien jurídico protegido por el Código Penal, en el caso del aborto, sea la vida y la integridad personal.
En primer lugar, porque para nuestro Código Civil “la existencia legal de toda persona [inicia] al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre”, entonces, ¿la integridad personal de quién se protege?; y segundo, porque, en virtud de la C-355, con la misma norma se está protegiendo la vida de la mujer al unísono que se le sanciona por la conducta penalizada, sin determinar y diferenciar el sujeto al que se le protege la vida, una vaguedad a todas luces.
De modo que no es solo la ineptitud de un Congreso que teme legislar sobre la despenalización del aborto, sino que, per sé, la base legal existente es conflictiva por la falta de técnica legislativa para reglar el aborto. Esta negligencia legislativa del Congreso ha dado lugar a una ideologización del debate, impidiendo una discusión objetiva y constructiva de una solución a un problema que afecta a miles de mujeres colombianas.
El reciente caso en la ciudad de Pereira revivió el debate sobre el aborto en Colombia, o más bien nos recordó la incompetencia de nuestro Congreso; el problema persiste porque la ley no tiene el alcance constitucional para dirimirlo, pero, aun así, el Estado tiene que garantizar una solución inmediata, no puede esperar dos décadas más a tener congresistas preparados y responsables, pues están en juego derechos fundamentales de la persona y la libertad como principio de todo sistema republicano.
Alguien tiene que dar una solución, el Congreso en 14 años no ha querido legislar el asunto, el Ejecutivo no es competente, la Rama sí, y le tocó a la Honorable Corte Constitucional hacerlo nuevamente. No es legislar, es atender al deber constitucional del Estado de resolver de fondo y oportunamente un conflicto de derechos extendido en la sociedad.