Acuerdo de Punto Final

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Escrito por:

Wilfrido De la Hoz

Wilfrido De la Hoz

Columna: Opinión

e-mail: wilfridodelahoz@gmail.com



El Acuerdo de Punto Final a las deudas del gobierno con la red de salud colombiano, establecido y puesto en marcha por el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Iván Duque parece que le ha cerrado las puertas al discurso ideológico y doctrinario de los enemigos del actual sistema de salud que opera en nuestro país.

Tal parece que estos seguidores de la política de estatización de los bienes y facultades constitucionales del Estado, aprovechándose  de las dificultades financieras presentadas por el sistema actual de salud, pregonaban voz en cuello, la eliminación de las EPS, IPS, Fondos privados de Cesantías y de Pensiones más todo lo que tenga que ver con iniciativa privada. Es decir le apuntaban a la eliminación de la Ley 100 de 1993 para acabar con el sumun de su contenido, porque desacertadamente aún están creyendo que esa Ley la impuso un reconocido senador, como si un solo senador pudiera  aprobar una ley.

Durante varios debates públicos, representantes de aquellos partidos han esbozado un esquema didáctico para manejar el sistema de salud que se remonta a los años 1945 y 1946, cuando se crearon la Caja Nacional de Previsión y el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Las bases conceptuales e ideológicas de ese modelo, aparentemente se apoyan en la ley del seguro obligatorio, emitida en Alemania por el Canciller Otto Von Bismarck en 1883.

Los partidos políticos de oposición colombianos han considerado insistentemente  que la causa fundamental del malogrado resultado en la atención de la morbilidad del actual sistema de salud  se debe a la falta de políticas públicas y de escasos recursos económicos para que los prestadores, incluyendo los hospitales públicos, pudieran prestar un buen servicio.

La decisión política del gobierno nacional actual de hacer desaparecer ese fantasma maquiavélico, garantizando sostenibilidad financiera al Sistema General de Seguridad Social de Salud con el Acuerdo de Punto Final rompió en pedazos la idea izquierdista de apoyar su intención descabellada en la necesidad colectiva de los usuarios más pobres.

Esta decisión nace en la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual el Congreso de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que en el artículo 237 dice: “Con el fin de contribuir a la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, el Gobierno nacional definirá los criterios y los plazos para la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo” y subsidiado.

El Presidente de la República junto a sus Ministros de Salud y Protección Social, de Hacienda y Crédito Público con el apoyo del Superintendente Nacional de Salud ha explicado suficientemente como va a operar el Acuerdo de Punto Final tanto en el nivel nacional como el departamental y municipal.

Yo creo que la mayor inquietud que aún guardan muchos colombianos  es la manera de evitar que la crisis del sistema no se vuelva a repetir en adelante. En este sentido la Superintendencia Nacional de Salud en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social harán un trabajo estricto y riguroso de inspección, vigilancia y control para evitar los abusos y trampas que originaron esa catástrofe administrativa y financiera del sistema; para ello la Nación estableció  un mecanismo, mediante el cual todas las IPS  y EPS deben firmar un contrato de transacción; en éste se dejarán por escrito las reglas con las cuales el Gobierno Nacional o las Entidades Territoriales realizarán la auditoría, reconocimiento y pago de las cuentas. En dicho pacto, renuncian a interponer acciones por vía administrativa o judicial, logrando un verdadero punto final.

Para garantizar el Punto Final, a partir del 1° de enero de 2020 esos pagos serán centralizados y pagados directamente por la Nación y no por los entes territoriales tal como se venía haciendo en el régimen subsidiado. Es necesario tener en cuenta que el Acuerdo de Punto Final comprende dos componentes: el de saneamiento, que permite resolver diferencias en las cuentas de los servicios y tecnologías que no se financian con la prima de salud, y las estrategias que llevarán a que no se vuelvan a acumular estas deudas.



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