Víctimas, líderes sociales e invasores de tierras

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Escrito por:

Luis Tabares Agudelo

Luis Tabares Agudelo

Columna: Opinión

e-mail: tabaresluis@coruniamericana.edu.co


Con el proceso de paz que se llevó a cabo en Cuba con los guerrilleros de la Farc surgió el capítulo de víctimas el cual consiste en cómo y con que se van a reparar.

Aunque se supone que las Farc serían las reparadoras por lo que fueron las principales victimarias, con el quizás quizás de Santrich y con el inventario que entregaron con escobas, traperos y chócoros para reparar nos dimos cuenta que le iban a mamar gallo a esa reparación.

Para tener acceso a la reparación por ser víctima surge la Ley 1448 de 2011 con un principal objeto: establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones…

Asimismo, el artículo 3º dice que se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Surge que Colombia es un país respetuoso de las víctimas pero también de la propiedad privada. El artículo 58 de la Constitución de 1991 dice que se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. ... La propiedad es una función social que implica obligaciones.

Entre tanto, estamos confundiendo desde hace rato en el país a tres situaciones que no han surgido, todas, producto de nuestro conflicto interno: líder social, víctima e invasor de tierras. Además, también crea confusión lo relacionado con falsas víctimas o falsos reclamantes.

La misma ley dice en su artículo 120 que el que obtenga la inscripción en el registro de tierras despojadas alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción, u ocultando las que la hubiesen impedido, incurrirá en prisión de ocho (8) a doce (12) años…

Hay que enfatizar que se vienen presentando muchos casos de falsas víctimas que ven en esta ley una gran oportunidad de recuperar un bien inmueble que vendieron sin ninguna presión por parte de ningún actor del conflicto armado de Colombia. O, de invasores invadiendo propiedad privada dando origen a otro conflicto con el agravante de que se vuelve un círculo vicioso de violencia.

Colombia viene superando una época de invasiones a la propiedad privada por parte de colombianos de escasos recursos o de expertos vividores y el gobierno anterior hizo todos los esfuerzos económicos para que lograran tener una vivienda dando toda clase de auxilios y ayudas.

La muerte de María Pilar Hurtado en manos de sicarios pistoleros y ver a su pequeño hijo llorando a gritos nos partió el alma a muchos colombianos. Este es un hecho escalofriante que refleja la demencia de unos violentos que se supone se superaba con la firma de la paz con la Farc.

Pero no podemos pretender ver en todo colombiano invasor de tierras una víctima del conflicto armado o un líder social. La señora Hurtado tenía mucha necesidad de una vivienda para ella y sus pequeños hijos pero tenía otros mecanismos para lograrlo debido a que el gobierno hace ingentes esfuerzos para que sus habitantes de escasos recursos logren tener una casita y no tengan que exponer su vida en un territorio donde el Estado no hace presencia y donde los grupos delincuenciales están coaccionando, amenazando y asesinando.

El gobierno actual debe actuar con contundencia para que los colombianos al buscar una vivienda no tengan que invadir fincas o terrenos, no tengan que hacerse pasar por víctimas debido a que también debe proteger la propiedad privada por mandato constitucional. Igualmente, no tengamos que matarnos por proteger un bien -que a todas luces- debe hacerlo el Estado.

En la mitad del territorio nacional no hay presencia contundente del Estado; no hay jueces ni policía ni ejército. No hay Banco Agrario y las entidades gubernamentales -como secretarías, defensoría del pueblo, personería, fiscalía o procuraduría- no llegan porque es peligroso para la vida de sus funcionarios. Entonces, prolifera la corrupción y ley de matón más fuerte: Eso mató a María del Pilar Hurtado


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