Las drogas son un cáncer que debemos derrotar. No puede haber vacilaciones ni indulgencias frente a un flagelo que, de manera espuria despedaza los cimientos más sagrados de la condición humana.
Para nuestro infortunio, observamos que la droga destruye hogares, familias, sueños, metas, proyectos, ilusiones y todo aquello que sea positivo para la vida comunitaria.
La drogadicción es aquel demonio que corroe el bienestar y la integridad de las personas, pues son pocos quienes salen bien librados cuando caen en el consumo de drogas. Y ningún ser humano puede desempeñarse y relacionarse debidamente en la sociedad padeciendo deficiencias mentales.
Efectivamente, ello es lo que ocasionan las drogas: enfermedades mentales desastrosas, dado que las neuronas y el sistema nervioso disminuyen con su idóneo funcionamiento, la capacidad de circulación se estanca y la energía vital del ser humano se desvanece con alterados comportamientos de ira, depresión, pereza y desidia. ¡Una realidad preocupante!
Por tal razón, tenemos que apoyar con vehemencia la política antidroga planteada por cualquier gobierno, toda vez que es menester comprender tres aspectos vertebrales.
- El asunto es de salud pública, por ende, nos compete a todos en general como integrantes del conglomerado social. La situación no es de unos ni de otros, porque nos afecta a todos en su totalidad.
- Dicho flagelo compromete el buen trasegar de la economía colombiana, pues bien sabemos que el microtráfico y el narcotráfico son enemigos potenciales de las sanas finanzas, generando de dicha manera desempleo, corrupción, violencia y alteración en la comunidad.
- Siendo lo más deplorable, encontramos como día a día nuestros niños, jóvenes y adultos recaen en vicios negativos que los motivan a delinquir y a destruir las familias colombianas. Y así aumenta la delincuencia organizada.
Motivos de sobra para decomisar la dosis mínima que porte cualquier ciudadano, pues de esta manera contribuimos con la lucha y evitamos la degeneración de las generaciones venideras. Por supuesto, teniendo en cuenta, también, que es deber del Estado garantizarles a los consumidores en su calidad de enfermos mentales, rehabilitación y resocialización ya que muchos queriendo curarse no cuentan con las posibilidades socioeconómicas para someterse a un tratamiento.