Colombia: el país de privilegios

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Escrito por:

Cecilia Lopez Montaño

Cecilia Lopez Montaño

Columnista Invitada

e-mail: cecilia@cecilialopez.com



En medio del ambiente pesado de estos días en el país, también están sucediendo hechos que dan luces de esperanza sobre la posibilidad de cambios.
Si algo ha caracterizado a la sociedad colombiana es esa vergonzosa estratificación social, que a pesar de avances en indicadores sociales innegables, estos no logran cambiar las prerrogativas de que goza ese pequeño círculo de personas que no solo lo tienen todo sino que siempre quieren más. Es decir, se trata de esas excepciones que se denominan privilegios que aíslan permanentemente a sectores de la realidad que vive la mayoría de la población.

Minorías tiene el privilegio de recibir la mejor educación, porque pueden pagarla; la mejor salud, porque también pueden pagarla; los mejores puestos porque tienen la mejor educación y salud, y gozar de los más altos ingresos por todo lo anterior.

Si en Colombia hubiese realmente movilidad social, se podría pensar que estas ventajas se irían extendiendo a otros grupos de población, pero como la suerte del hijo depende mucho de la suerte de sus padres, ya se sabe que esto no va a suceder, sino que por el contrario, cada día la distancia entre las personas del común y estas elites se agranda peligrosamente.

Pero los privilegios no se dan solo entre grupos de población, sino que se extienden a sectores productivos nada ajenos a las élites, que también acumulan ventajas que terminan estratificando el sector productivo.

No es lo mismo ser productor de caña de azúcar, por ejemplo, o de palma africana, que ser un finquero que produce granos, de los pocos que aún se siembran en Colombia. En este caso, es evidente que la diferencia nace del poder político de ese sector privado poderosos que encontró que su mejor negocio era meterse a financiar la política para incidir en las decisiones del Estado, que termina, como es de esperarse, tomando decisiones que los favorecen. Las exenciones o mejor aún, los subsidios a los biocombustibles, por ejemplo.

Pero resulta que se había vuelto un hecho aceptado tranquilamente por la población, que cuando estos seres poderosos y privilegiados cometían delitos, sus penas también se cumplían de manera privilegiada.

Es decir, justica hecha a la medida. Y en este caso el hecho no solo era visible sino repugnante. Mientras los delincuentes del pueblo los tratan de manera infrahumana, hacinados, sin lo mínimo para tener una vida decente mientras se cumple su condena, los bandidos de clase alta, tenían el celular de última generación, chefs para preparar sus alimentos; sitios de reclusión elegantes, es decir privilegios. Y lo más increíble, estas exclusiones han sido aceptadas en el país como lo normal. Colombia un país de privilegios, porque se le iban a quitar esas ventajas a los importantes. Vergonzoso. Bandido es bandido y punto y debería ser peor el castigo para los privilegiados.

En esta deprimente realidad, la noticia de que le quitaron precisamente todas esas prebendas de que gozaban los delincuentes de clase alta, en la Picota y los nivelaron con respecto a los presos del común, podría ser el principio de ese gran cambio que exige este país.

No se trata entonces de una noticia menor ni de una estrategia que puede dejarse pasar por alto. Debería ser el principio de igualdad que no existe en Colombia y que se ha aceptado como una realidad inevitable. Las penas y condiciones de reclusión tienen que responder al tipo de infracción y no a la odiosa clase social a la cual pertenece el delincuente. Ojalá este esfuerzo por quitarle estatus social al delito no se vuelva en flor de un día. En medio del ambiente pesado de estos días en el país, también están sucediendo hechos que dan luces de esperanza sobre la posibilidad de cambios. Si algo ha caracterizado a la sociedad colombiana es esa vergonzosa estratificación social, que a pesar de avances en indicadores sociales innegables, estos no logran cambiar las prerrogativas de que goza ese pequeño círculo de personas que no solo lo tienen todo sino que siempre quieren más. Es decir, se trata de esas excepciones que se denominan privilegios que aíslan permanentemente a sectores de la realidad que vive la mayoría de la población. 
Minorías tiene el privilegio de recibir la mejor educación, porque pueden pagarla; la mejor salud, porque también pueden pagarla; los mejores puestos porque tienen la mejor educación y salud, y gozar de los más altos ingresos por todo lo anterior. Si en Colombia hubiese realmente movilidad social, se podría pensar que estas ventajas se irían extendiendo a otros grupos de población, pero como la suerte del hijo depende mucho de la suerte de sus padres, ya se sabe que esto no va a suceder, sino que por el contrario, cada día la distancia entre las personas del común y estas elites se agranda peligrosamente. Pero los privilegios no se dan solo entre grupos de población, sino que se extienden a sectores productivos nada ajenos a las élites, que también acumulan ventajas que terminan estratificando el sector productivo. No es lo mismo ser productor de caña de azúcar, por ejemplo, o de palma africana, que ser un finquero que produce granos, de los pocos que aún se siembran en Colombia. En este caso, es evidente que la diferencia nace del poder político de ese sector privado poderosos que encontró que su mejor negocio era meterse a financiar la política para incidir en las decisiones del Estado, que termina, como es de esperarse, tomando decisiones que los favorecen. Las exenciones o mejor aún, los subsidios a los biocombustibles, por ejemplo. 
Pero resulta que se había vuelto un hecho aceptado tranquilamente por la población, que cuando estos seres poderosos y privilegiados cometían delitos, sus penas también se cumplían de manera privilegiada. Es decir, justica hecha a la medida. Y en este caso el hecho no solo era visible sino repugnante. Mientras los delincuentes del pueblo los tratan de manera infrahumana, hacinados, sin lo mínimo para tener una vida decente mientras se cumple su condena, los bandidos de clase alta, tenían el celular de última generación, chefs para preparar sus alimentos; sitios de reclusión elegantes, es decir privilegios. Y lo más increíble, estas exclusiones han sido aceptadas en el país como lo normal. Colombia un país de privilegios, porque se le iban a quitar esas ventajas a los importantes. Vergonzoso. Bandido es bandido y punto y debería ser peor el castigo para los privilegiados. En esta deprimente realidad, la noticia de que le quitaron precisamente todas esas prebendas de que gozaban los delincuentes de clase alta, en la Picota y los nivelaron con respecto a los presos del común, podría ser el principio de ese gran cambio que exige este país. No se trata entonces de una noticia menor ni de una estrategia que puede dejarse pasar por alto. Debería ser el principio de igualdad que no existe en Colombia y que se ha aceptado como una realidad inevitable. Las penas y condiciones de reclusión tienen que responder al tipo de infracción y no a la odiosa clase social a la cual pertenece el delincuente. Ojalá este esfuerzo por quitarle estatus social al delito no se vuelva en flor de un día. 


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