La corrupción en Colombia definitivamente no tiene límites. Ahora se han encontrado serios indicios de vicios en la contratación de los Fondos que reciben y asignan recursos de cooperación técnica y del erario público, destinados a hacer realidad el tránsito del conflicto a la paz.
Muchas razones generan vergüenza en esta incapacidad del país de garantizar transparencia en la operación de sus actividades. La creatividad perversa de los privados y su permanente contubernio con funcionarios públicos inescrupulosos, están escribiendo este nuevo capítulo de mala asignación de recursos destinados al tema crucial del país en estos momentos, el posconflicto.
Sale de nuevo a relucir un hecho recurrente que Colombia se niega a estudiar entre otras porque es muy posible que existan demasiados intereses creados, que impiden su verdadera y rápida evaluación. Se trata de la terciarización en la asignación y ejecución de dineros y proyectos de origen estatal. Por la ineficiencia del aparato público, se decidió hace un buen tiempo que era necesario seguir una de las nuevas rutas que consiste en entregarle a terceros, privados, la operación estatal. Como una de las grandes debilidades del gobierno y del Estado en general es el control y seguimiento, los sectores privados encontraron el nicho perfecto no siempre para demostrar su eficiencia, sino para identificar esos huecos que ha dejado el sector público para permitir que se beneficien individuos o empresas, de estos volúmenes inmensos de recursos. La ganancia personal y la evasión de mecanismos reales de competencia o de evaluación de los proyectos abrieron esta gran brecha de corrupción.
Empresas de contratación que deciden quiénes realizan los proyectos financiados con dineros públicos y a su vez determinan a los evaluadores, son los males que la Fiscalía acaba de encontrar en los Fondos destinados a la paz. En este caso particular que no debe ser para nada exclusivo, la vergüenza es triple por varias razones. Primero, y de nuevo es una pregunta para los entes de control, son las preocupaciones en este caso de tres embajadores donantes, Noruega, Suiza y Suecia, las que destapan esta fuente de graves problemas en esta institucionalidad pública. Otra vez, la reacción del país es tardía y menos entendible cuando ahora dicen los entes de control, que desde hace algún tiempo tenía investigaciones sobre este caso. ¿Por qué los grandes casos de corrupción en el Estado siempre se destapan desde afuera? ¿A que le temen los entes de control? Ojalá no sea a costos políticos por sus actos.
La segunda razón para la vergüenza nacional es que parte de estos fondos vienen de países donantes que nos han apoyado desde el principio en las negociaciones de paz y ahora en la financiación del posconflicto. Estamos quedando como algo que nos negamos a aceptar: somos un país poco serio en el manejo de lo público. La tercera razón es además muy dolorosa. La falta de escrúpulos de sectores privados y de funcionarios públicos ante un tema tan crítico para todos los colombianos como es el asegurar la no repetición de estos cincuenta años de conflicto armado, para no hablar de la historia de guerra de este país.
Se precipitó el señor presidente Santos al salir a defender la transparencia del manejo de estos fondos y le tocó casi que inmediatamente pedir claridad total sobre el manejo de estos recursos en las instancias adscritas a la presidencia. Vergonzoso episodio que se podría interpretar como subestimación de la carta de los embajadores. Solo cuando la Fiscalía envió sus quejas se creyó la existencia de anomalías. Otra razón para avergonzarse ante la comunidad internacional.
Todos estos puntos demuestran gravísimas falencias en la administración pública, pero lo más penoso es que en este país haya organizaciones privadas y funcionarios estatales que no les importe robarse la paz. ¿Será que la convicción de que la justicia no existe, lo cual no es totalmente cierto, ha hecho carrera y permite estas actuaciones aberrantes porque se tiene el convencimiento de que nada les pasará? Adicionalmente, es increíble que, en el sector público, las incompatibilidades de primer, segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad, elementos fundamentales del Buen Gobierno, no hayan logrado entrar en los códigos de conducta de funcionarios que administran instituciones del Estado.