Como en la canción de Fito Páez y Joaquín Sabina “llueve sobre mojado” en lo que a prevenir los desastres naturales se refiere en Colombia. Los titulares de prensa prendieron las alarmas bien temprano este año con lo ocurrido en Manizales y Mocoa. Insisten en la necesidad de dotar a los municipios de las condiciones mínimas necesarias que les permitan disminuir el riesgo por lluvias torrenciales, tormentas, desbordamientos, deslizamientos e inundaciones, que son las consecuencias más frecuentes de la pésima o nula gestión frente a este tipo de situaciones.
Que “apenas 12 municipios del Magdalena poseen cuerpo de bomberos”, destaca EL INFORMADOR en la edición del martes pasado en primera página, como parte de una preocupación con muchos componentes. Para comenzar, no tienen planes de gestión del riesgo y desastres, la herramienta legal que les permite identificar las amenazas, ubicarlas, cuantificarlas, analizar su comportamiento histórico, su impacto en el territorio, diseñar las acciones y asignar los recursos económicos para su ejecución. Es decir, primero hay que planear, porque siempre “es mejor prevenir que curar o tener que lamentar”. Pero no lo hacen.
Negarse a hacerlo, desconociendo la Ley 1523 de 2012, se muestra como una posición deliberada de los mandatarios locales, negligente y deliberada, que les impone sanciones por su incumplimiento. Al menos en el papel. Alguna vez le preguntaron a un alcalde del Atlántico cómo le había ido en su gestión de gobierno y él respondió: “...bastante regular durante los tres primeros años, tu sabes no había plata, pero en el último año se me apareció la virgen, un tornado le arrancó el techo a más de 1.000 casas y el Gobierno Nacional me mandó los recursos para su reconstrucción”.
Saben de sobra los alcaldes y las comunidades cuáles son los factores de mayor riesgo en los municipios, ellos los admitieron, los toleraron y permitieron en un momento dado: desvío y taponamiento de canales de drenaje; apropiación y ocupación de rondas de protección de lagunas, caños, ríos y quebradas; vertimiento de basuras sobre corrientes de agua y demás recursos hídricos; deforestación y explotación minera indiscriminada. No toman medidas. Las ven, como una formalidad les advierten a los potenciales afectados, cerrando los ojos y guardando la esperanza de que nada suceda, pero si dado el caso llegase a ocurrir, esperar que la solidaridad ciudadana se manifieste, sabiendo que la gente corre con o sin los organismos de socorro.
A través de un estudio elaborado el año pasado por Corpamag en los municipios de Remolino, Aracataca, El Retén, Cerro de San Antonio, Zapayán y El Banco al que tuve acceso, pude apreciar lo expuestas que están sus comunidades que rezan porque el Río Magdalena no aumente su caudal, porque no se desborde el Río Fundación, porque no se cierren los canales de desagüe de la Ciénaga de Zapayán y del Cerro de San Antonio, porque no caiga más agua del cielo y porque se marche más rápido La Niña y llegue más pronto El Niño, que son a la larga los culpables de nuestro sufrimiento por exceso o escases de agua.
Las soluciones están y no son en extremo costosas, a menos que hagamos lo de siempre: contratar la construcción de grandes terraplenes, colosales muros de contención y espectaculares canalizaciones. “Agua que no has de beber déjala correr”, dice la sabiduría popular. Apoyémonos más bien en el conocimiento ancestral y en el sentido común para que no veamos en lo que resta del año “llover sobre mojado”.